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  • EFE

Más de 300 crímenes siguen sin aclararse judicialmente al cumplirse un año de que la organización terrorista ETA anunciara que disolvía "completamente todas sus estructuras" después de casi sesenta años de existencia y haber asesinado a 853 personas.

La banda publicó el 3 de mayo de 2018 una carta fechada el 16 de abril de aquel año para manifestar la decisión de "dar por terminados su ciclo histórico y su función, dando fin a su recorrido", después de un debate interno entre sus miembros.

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Al día siguiente, un foro internacional sobre el fin de ETA celebrado en Cambo-les-Bains (Francia) certificó la desaparición y reclamó una "solución global, justa y duradera" para la región española del País Vasco (norte), mientras que el Gobierno español de entonces, dirigido por el conservador Mariano Rajoy, excluyó cualquier tipo de impunidad para los miembros de la banda.

El ministro del Interior de aquella época, Juan Ignacio Zoido, recordó que "deberán pagar por sus culpas".

Añadió que no era cierto que la banda se disolviera, sino que fue "derrotada por las fuerzas de seguridad, el Estado de Derecho, la sociedad española y la Judicatura".

El ministro dijo que lo único que quedaba por hacer a los terroristas era "colaborar para que todos los crímenes que quedan por esclarecer sean esclarecidos", puesto que "no basta con que se arrepientan".

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Ya se conocía la intención de ETA de disolverse desde el 18 de abril anterior y dos días más tarde reconocía en un comunicado el "daño causado" a las víctimas.

ETA decía que lo sentía "de veras" y pedía "perdón", aunque solo a las víctimas que no estaban relacionadas "directamente" con lo que la banda llamaba "conflicto", lo que provocó el rechazo de partidos políticos y asociaciones de afectados por el terrorismo.

De ideología izquierdista radical, ETAnació a finales de los años cincuenta del siglo pasado para lograr por la fuerza la independencia del País Vasco, y anunció el cese definitivo de la actividad armada en octubre de 2011.

Su primer crimen reconocido fue el asesinato de un guardia civil español (agente de seguridad) en 1968; y el último fue en 2010, la muerte de un gendarme en Francia.

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Varios centenares de sus miembros fueron condenados a penas de prisión en España principalmente y también en Francia.

ETA asesinó a 853 personas, el 40 % de ellas civiles, según datos del Ministerio español del Interior.

Además de estos crímenes, recurrió al secuestro para conseguir dinero y aterrorizar a la población y extorsionó a decenas de empresarios vascos.