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  • EFE

La fiscalía de Manhattan (Nueva York) anunció una demanda este lunes contra cinco oficiales de prisiones por revisar ilegalmente a visitantes del Complejo de Detención de Manhattan, con procedimientos que incluían el rastreo a mujeres en sus zonas genitales, y presentar documentos falsos para ocultar su conducta.

La denuncia, presentada ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York, incluye los cargos de conducta irregular de funcionario, apresamiento irregular en segundo grado y conspiración en sexto grado, así como varios delitos relacionados con el falseo de documentación.

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De acuerdo con los testimonios ante un juzgado recogidos en una nota de la fiscalía, las cinco funcionarias -una de ellas con rango de capitana y el resto oficiales- fueron asignadas al centro de visitas para los presidiarios.

El procedimiento exige que, para una revisión en busca de armas u objetos peligrosos, las visitas firmen un documento legal que permita su rastreo en busca de posibles objetos de contrabando.

Sin embargo, las cinco oficiales obviaron la necesidad de consentimiento y revisaron de manera rutinaria a las mujeres visitantes, forzándolas a quitarse los pantalones o la ropa interior, tocando sus pechos o revisando sus zonas vaginales y anales.

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Para justificar estas conductas, las acusadas presentaron formularios falsos, lo que supuso la detención de tres de las visitantes registradas por delitos basados en estas revisiones ilegales.

Para el fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, "no hay excusa para violar los derechos humanos de los neoyorquinos que visitan las cárceles municipales".

"Estas oficiales abusaron flagrantemente de su poder al ignorar su formación y someter a las visitas a búsquedas ilegales y humillantes. Además, intentaron cubrirlo sus acciones al obligarlas a firmar formularios de consentimiento bajo premisas falsas, así como mintiendo repetidamente en los documentos oficiales", señaló Vance.

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Asimismo, el gobierno municipal revisará los procedimientos del Departamento de Correccionales a la hora de determinar si sus oficiales cumplen con los procedimientos establecidos para el rastreo efectivo de las visitas para evitar posibles contrabandos.