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Las leyes que regulan la operación de la Guardia Nacional entraron en vigor este martes después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, promotor de este polémico cuerpo para combatir la violencia en México, las publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El DOF publicó la víspera de cuatro decretos que constituyen el marco legal secundario de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, publicada el pasado 26 de marzo.

Tres decretos expiden la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones, y una reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Ley de la Guardia Nacional reafirma que la nueva corporación de seguridad pública es "de carácter civil, disciplinada y profesional", adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Su objetivo es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, conforme a los convenios que para tal efecto se celebren, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios.

A su vez, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza estipula que el empleo de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad pública del Estado, así como de las Fuerzas Armadas permanentes cuando actúen en tareas de seguridad pública, se ejercerá en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos.

Su impacto estará graduado de la siguiente manera: persuasión, restricción de desplazamiento, sujeción, inmovilización, incapacitación, lesión grave y muerte.

La Ley Nacional del Registro de Detenciones tiene por objeto regular la integración y funcionamiento de una base de datos que concentre la información a nivel nacional sobre las personas detenidas, con objeto de prevenir la violación de los derechos humanos de la persona detenida o la desaparición forzada.

Por su parte, las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen la obligación de las instituciones de seguridad y de procuración de justicia de generar, compartir, intercambiar, ingresar, almacenar y proveer información, archivos, documentos y cualquier tipo de datos con que cuenten en bases informáticas.

El pasado 23 de mayo, la Cámara de Diputados dio el aval legislativo final a las leyes secundarias de la Guardia Nacional, luego de su aprobación en el Senado.

La Guardia Nacional tendrá el objetivo de reducir los altos índices de delincuencia que sufre el país, que el pasado año registró 33,369 asesinatos, siendo el más violento de la historia de México desde que empezaron los registros en 1997.

López Obrador, presidente de México. EFE/END.

Este organismo causó polémica en un inicio dado que López Obrador pretendía que tuviera una dirección militar, lo que fue criticado por la oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Consideraban que este organismo perpetuaba la militarización del país, donde el Ejército está presente en las calles desde la Presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) y ha sido acusado de cometer violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, tras un acuerdo entre todos los partidos políticos, se estableció que la Guardia Nacional tendrá un carácter civil, una dirección policial y los militares solo participaran en ella durante cinco años, para luego regresar a los cuarteles.