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  • EFE

Amnistía Internacional (AI) criticó este viernes la alteración que hizo el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro a la política de drogas en Brasil, y cuyo nuevo enfoque fue considerado por la organización como un espacio que permite la violación de los derechos humanos.

El cambio, contemplado en una ley que fue sancionada este jueves por Bolsonaro, permite internar en centros de salud a dependientes químicos, sin su consentimiento.

"El enfoque de la abstinencia como solución no está amparado en una investigación científica o en mejores prácticas de salud, y ya se ha revelado ineficaz en otros momentos. Esta decisión abre espacio para las violaciones de derechos, como prácticas de tortura, privación de libertad y tratamientos crueles, sin consentimiento de los pacientes", enfatizó Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacinal en Brasil.

Para la representante de AI en Brasil se trata de una medida "punitiva" que no da prioridad a la reducción de los daños y que no está enfocada en la salud pública y en los derechos humanos.

Werneck también advirtió que la nueva reglamentación prevé el fortalecimiento financiero con "recursos públicos" a "comunidades terapéuticas" que tienen un enfoque religioso, que han sido objeto de denuncias por violación a los derechos humanos y que no han contado con la adecuada fiscalización.

"Amnistía Internacional recomienda que la política nacional sobre drogas en Brasil tenga como foco el respeto y la protección de los derechos humanos, incluyendo el acceso a los servicios de salud y la reducción de daños", dijo la representante, citada en una nota.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. EFE/END

En la Ley de Drogas que se venía aplicando en Brasil, no se trataba el ingreso involuntario de dependientes químicos.

De acuerdo con la nueva legislación, el ingreso involuntario de una persona dependiente de drogas solo podrá hacerse en unidades de salud y hospitales generales bajo solicitud de la familia o representante legal, y en caso de no existir alguno de ellos, el pedido podrá hacerlo un servidor del área de la salud o autoridades del área.

Si el dependiente quiere ingresar de forma voluntaria a una institución de salud, la decisión dependerá del aval de un médico responsable y tendrá un plazo máximo de 90 días, tiempo considerado necesario para la desintoxicación.