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  • AFP

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió el miércoles al gobierno venezolano de Nicolás Maduro a "investigar, juzgar y sancionar" a los responsables de la muerte del militar detenido Rafael Acosta Arévalo.

El capitán de corbeta Acosta Arévalo murió el sábado bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCM) tras haber sido arrestado acusado de conspirar contra Maduro.

La CIDH, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó en un comunicado su "alarma y preocupación" por el fallecimiento, ocurrido, según ella, "por probables actos de tortura".

Rafael Acosta Arévalo. Cortesía/END

"El Estado tiene el deber de investigar los hechos alegados de manera transparente, imparcial, independiente y efectiva. La impunidad facilita la repetición", dijo el relator para Venezuela de la CIDH, y uno de los siete comisionados que la integran, Francisco Eguiguren.

El órgano había señalado el 22 de mayo el recrudecimiento de las condiciones de detención en la DGCM, instando al Estado venezolano a cumplir las medidas cautelares otorgadas en favor de los civiles y militares retenidos en ese lugar.

Este miércoles, Gustavo Tarre, representante ante la OEA del líder opositor venezolano Juan Guaidó, dijo que pidió a la CIDH que visite Venezuela para investigar la muerte de Acosta Arévalo.

Gustavo Tarre, representante ante la OEA de Juan Guaidó. EFE/END

"El planteamiento es que la Comisión se traslade a Venezuela para ver la situación general de derechos humanos (...) con énfasis especial en el caso del capitán Acosta Arévalo", dijo Tarre en rueda de prensa.

En una carta, Tarre propuso a la CIDH que realice una visita urgente a Venezuela y establezca un "mecanismo especial de investigación" de los "graves hechos relacionados con las denuncias de desaparición forzosa, tortura y ejecución arbitraria" de Acosta Arévalo.

El capitán de corbeta fue detenido el 21 de junio y dado por desaparecido durante una semana. El 28 de junio fue presentado ante un tribunal militar en silla de ruedas, incapaz de hablar y con señales de tortura. El juez ordenó su traslado a un hospital militar, donde murió en las primeras horas del 29 de junio.

Juan Guaidó, presidente del Parlamento de Venezuela. EFE/END

"El cuerpo no ha sido devuelto a los familiares de manera que no hay forma de garantizar una autopsia independiente. Pedimos a la CIDH que realice esta investigación para determinar quiénes son los culpables", dijo Tarre.

"Algo temen"

Un sargento y un teniente de 22 y 23 años fueron arrestados el lunes por la muerte de Acosta Arévalo, que desató una ola de condena internacional.

"Pero pensar que estos son los verdaderos culpables es una denegación de justicia. Si fuera cierto que estos son los autores materiales, los culpables son los que dan las órdenes y esa culpabilidad empieza en Nicolás Maduro", apuntó Tarre, pidiendo que la investigación se enfoque "primordialmente" en los "autores intelectuales".

El militar fallecido integraba un grupo de 13 personas detenidas por supuestamente intentar un "golpe de Estado" contra Maduro. Según el gobierno venezolano, el golpe debía realizarse los días 23 y 24 de junio e incluía el asesinato del presidente y altos funcionarios.

Venezuela no ha permitido visitas al país de la CIDH desde 2002, acusándola de haber convalidado el fallido golpe de Estado ocurrido ese año contra el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), mentor de Maduro.

Chavez denunció en 2012 la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero Venezuela sigue sujeta a la jurisdicción de la CIDH como miembro de la OEA. Sin embargo, el gobierno de Maduro, que se retiró de la OEA en abril, no reconoce sus competencias.

Hugo Chávez, expresidente de Venezuela. Archivo/END

Tarre, aceptado en la reciente Asamblea General de la OEA en Medellín (Colombia) como "representante permanente" de Venezuela hasta que haya nuevas elecciones presidenciales en el país, dijo que una nueva negativa del gobierno de Maduro a dejar ingresar a personal de la CIDH sería muy elocuente.

"Si no les dejan entrar pues no hace falta más nada. A confesión de parte, relevo de pruebas. Si ellos no quieren ser investigados es porque algo temen", afirmó.