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El Departamento de Estado estadounidense dijo este viernes que el informe publicado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, "ilustra la profundidad de la desesperación y de la crisis humanitaria en Venezuela".

El informe, publicado el jueves tras la visita de Bachelet a Venezuela entre el 19 y el 21 de junio, denunció que en el último año y medio cerca de 7.000 personas fueron asesinadas en casos supuestamente de "resistencia a la autoridad", según el gobierno, durante operaciones de seguridad.

"El informe ilustra la profundidad de la desesperación y de la crisis humanitaria en Venezuela", dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

Estados Unidos también destacó que el reporte "confirma que Nicolás Maduro y sus matones están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos del pueblo venezolano".

El país norteamericano, que lidera el grupo de más de 50 países que reconocen el líder del Parlamento Juan Guaidó como presidente interino, reiteró su llamado a las naciones que respaldan al gobierno de Maduro a cesar su apoyo.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, (OACNUDH). AFP/END

"Apelamos a los países que todavía no han reconocido al presidente interino Juan Guaidó a que lo hagan lo antes posible y que retiren cualquier apoyo que aún subsista para el antiguo régimen de Maduro que conserva de facto el poder", dijo el Departamento de Estado.

Bachelet, que presentó su informe sobre Venezuela que da cuenta del asesinato de miles de personas por parte de las fuerzas de seguridad, afirmó que el ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, comporta en este país "un riesgo de represalias y de represión".

"Las principales instituciones y el Estado de derecho en Venezuela han sido erosionados", dijo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU Bachelet, que viajó a Venezuela del 19 al 21 de junio.

Aún siendo muy crítica con Caracas, la Alta Comisionada estimó sin embargo que se tenía que "dar una oportunidad" al gobierno para poder hacer reformas, sin fijar una "fecha límite".