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Veintidós países enviaron una carta a los más altos responsables de la ONU en materia de derechos humanos para denunciar las detenciones arbitrarias en China de uigures y otras minorías en Xinjiang.

El documento, firmado entre otros por Francia, Australia, Reino Unido, Suiza, Dinamarca, Nueva Zelanda, Noruega, Holanda y Japón, está dirigido a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y al presidente del Consejo de Derechos Humanos, Coly Seck.

Los firmantes se dicen "preocupados por los informes creíbles que dan cuenta de detenciones arbitrarias (...), así como de la vigilancia generalizada y de restricciones, especialmente contra los uigures y otras minorías en Xinjiang, en China".

Tras una serie de atentados en Xinjiang atribuidos a miembros de la minoría de habla turca de los uigures, el gobierno chino impone estrictas medidas de seguridad en esta región, fronteriza con Pakistán y varias ex repúblicas soviéticas de Asia Central.

China es sospechosa de haber internado hasta un millón de personas en campos de reeducación. Pekín desmiente esta cifra y habla de "centros de formación profesional" destinados a luchar contra la radicalización islamista.

"Recordamos a China sus obligaciones de miembro del Consejo de Derechos Humanos de 'respetar las normas más elevadas en materia de promoción y de protección de los derechos humanos y de cooperar plenamente con el Consejo", prosigue el texto.

"Pedimos a China respetar (...) sus obligaciones internacionales y respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de religión y de creencia, en Xinjiang y en toda China", agrega.

En marzo, Michelle Bachelet dijo estar a la espera del "visto bueno" de Pekín para tener un "acceso total" a la región de Xinjiang.