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El Congreso de Perú aprobó este miércoles una acusación constitucional para investigar al cuestionado exfiscal general Pedro Gonzalo Chávarry por el presunto delito de encubrimiento en un caso de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht.

"Con 75 votos a favor y ninguno en contra, el Pleno del Parlamento aceptó la propuesta de acusación constitucional contra el fiscal supremo (exfiscal general) por el presunto delito de encubrimiento", informó el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, al concluir la votación.

La acusación del Congreso, controlado por el partido opositor Fuerza Popular (derecha, populista), decidió sin embargo que Chávarry permanezca en su función de fiscal supremo mientras dure la investigación.

El exfiscal general Pedro Gonzalo Chávarry. AFP/END.

El Parlamento rechazó a su vez una acusación que vinculaba a Chávarry con una organización criminal llamada "los Cuellos Blancos del Puerto", que -según investigaciones del ministerio Público- era integrada por magistrados y empresarios, que traficaban sentencias y favores.

La acusación aprobada se basa en una denuncia en su contra por haber destituido arbitrariamente a los fiscales anticorrupción del caso "Lava Jato/Odebrecht" Rafael Vela y José Domingo Pérez, el 31 de diciembre de 2018.

Los dos fiscales son piezas centrales en las investigaciones del escándalo Odebrecht, que salpican a los cuatro expresidentes peruanos que gobernaron entre 2001 y 2018: Alejandro Toledo, el fallecido Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

Keiko Fujimori. ARCHIVO/END.

La investigación del caso "Lava Jato/Odebrecht" involucra también a la encarcelada Keiko Fujimori, la líder opositora que dirige a Fuerza Popular e hija del también encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Chávarry renunció como fiscal general en enero, presionado por las protestas populares y las críticas del gobierno que lo forzaron a restituir a ambos fiscales 72 horas después de haberlos removido.

"Nosotros creemos que ha obstaculizado la investigación" contra Keiko y entorpecido otras indagaciones del caso Odebrecht, dijo la nueva fiscal general Zoraida Avalos cuando asumió el cargo el pasado 7 de enero.

El delito de encubrimiento se castiga con pena de hasta tres años de prisión y consiste en realizar u omitir actos con el fin de impedir o dificultar la acción de las autoridades durante las investigaciones de un caso.