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  • AFP

El Congreso peruano suspendió hoy el decreto sobre explotación de la selva que ha generado la furia de indígenas amazónicos y está en el origen de una crisis que desembocó en enfrentamientos entre nativos y la policía el fin de semana pasado con saldo de 34 muertos. Lo aprobado por el Congreso, para suspender la llamada 'Ley de la Selva', resulta insatisfactorio para las comunidades indígenas amazónicas, en huelga desde hace más de 50 días en el nororiente del país y que señalan que continuarán la protesta hasta su derogatoria definitiva.

La propuesta original hablaba de una suspensión de 90 días pero este plazo fue modificado durante la sesión. "No le hemos puesto plazo para poder negociar sin presiones", expresó el parlamentario oficialista Aurelio Pastor. El acuerdo se adoptó por una mayoría de 59 votos a favor y 49 en contra bajo la protesta de los legisladores del opositor Partido Nacionalista que reclamaban la derogatoria del controvertido decreto.

En protesta, una veintena de legisladores opositores enarbolaron en el recinto parlamentario carteles en los que señalan "No a las Transnacionales en la Amazonía" y "La Tierra y el Agua no se Venden". "Queremos inmediatamente la derogatoria de esas leyes", había dicho previamente el Apu (jefe indígena) Segundo Pizango, desde Yurimaguas (900 km al norte de Lima), donde junto a varios cientos de nativos mantiene bloqueada una importante carretera amazónica.

En esa ruta, el jefe nativo Kariajano Sandi precisó que él y sus hombres no se moverán de allí hasta que el gobierno derogue de manera definitiva la ley. "No queremos ninguna ley para la Amazonía, no le creemos al gobierno, miente mucho", manifestó Sandi ante la atenta mirada de sus seguidores. "Nosotros los indígenas nos estamos jugando el futuro y el de nuestros pueblos en esta lucha por la derogatoria de los decretos" contenidos en la ley, apuntó el vicario de Yurimaguas, Carlos Murayari.

Para hoy están previstas movilizaciones indígenas en la Amazonía, con marchas, a las que se suma la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP, izquierda), y que incluyen paros de 24 horas en las principales ciudades del nororiente. Igualmente se realizará una marcha de protesta hacia el Palacio de Gobierno en Lima en rechazo a la "actitud soberbia, intolerante, prepotente y discriminatoria del gobierno contra los amazónicos", dijo el presidente de la GGTP, Mario Huamán. La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, manifestó que tras la suspensión del decreto en el Congreso "no hay ninguna justificación para la protesta de mañana".

El presidente Alan García, en el centro de las críticas por el operativo policial que la semana pasada terminó con saldo de 34 muertos, justificó el accionar del gobierno. "Si al día siguiente de elegir el gobierno se dice 'dame lo que quiero porque si no detengo las carreteras, mato personas', y uno se pone a negociar con eso, está transigiendo en los principios básicos del desarrollo civilizado", agregó.

Sobre el otorgamiento de asilo por parte de Nicaragua al líder indígena Alberto Pizango, quien se refugió el lunes en la sede diplomática de ese país en Lima, García señaló que si ese país "considera que el señor Pizango merece el asilo porque no tiene las condiciones de juicio justo pues hay que reconocer; aunque no le guste a uno". Pizango, líder de los indígenas que se encuentran en huelga, ingresó el lunes a la sede diplomática luego de que el gobierno emitiera una orden de captura en su contra.

Los hechos de Bagua (1.000 km al norte de Lima) han generado una fuerte crisis para el gobierno de García, con pedidos insistentes de la oposición y de analistas independientes para que renuncie el primer ministro, Yehude Simon. En Londres, Amnistía internacional (AI) expresó este miércoles su "inquietud por la seguridad" de 79 indígenas amazónicos detenidos tras los choques entre nativos y policía en la región de Bagua, que dejaron 34 muertos, de los cuales 25 uniformados.