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La contraloría venezolana informó este jueves que inhabilitó y congeló las cuentas bancarias de tres diputados, un alcalde en el exilio y la fiscal general en exilio, además de que declaró como nulas las designaciones hechas por el presidente interino, Juan Guaidó, de la junta dircetiva de la filial de Pdvsa en Estados Unidos, Citgo.

El contralor nombrado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Elvis Amoroso, indicó en rueda de prensa que se les abrieron procedimiento de auditoría patrimonial y de revisión de actas de expedientes administrativos a los señalados y se detectó “el ocultamiento o falseamiento de información” en la presentación de las declaraciones juradas de patrimonio.

Los afectados sería los diputados Tomás Guanipa, a quien la ANC le allanó la inmunidad esta semana, Julio Borges, Germán Ferrer, el alcalde metropolitano Antonio Ledezma y la fiscal Luisa Ortega Díaz.

Exfiscal Luisa Ortega. EFE/END.

Los cincos quedaron inhabilitados para el ejercicio de cualquier cargo público por 15 años.

Las reacciones no se hicieron esperar. Julio Borges, quien actualmente es el representante de Venezuela en el Grupo de Lima, aseguró que el hecho de que hayan inhabilitado y “buscando amedrentar a quienes estamos luchando en todas las áreas significa que estamos haciendo lo correcto”.

“Quienes están derrotados, arrinconados, presionados, rotos, fracturados, es la dictadura”, indicó Borges.

Julio Borges, opositor venezolano. EFE/END.

Por su parte, Guanipa aseguró que se siente “profundamente orgulloso de formar parte de esa lista, porque es una lista de dignidad”. “Son ustedes los que están usurpando el poder los que tienen que responder por lo que se han robado”, agregó.

Ortega Díaz, aseguró que la decisión “no tiene validez” y que la contraloría estaría inhabilitando a venezolanos “que luchamos por la democracia”. Su esposo, el diputado Ferrer, calificó a Amoroso de “guardián de los corruptos maduristas”, y aseguró que poco le importa “el saqueo que hacen al país con tú complicidad”.

Citgo y más inhabilitaciones

Amoroso también declaró “nula e inexistente” la intervención de la estatal petrolera Pdvsa y su filial en Estados Unidos, Citgo, pues “incurre en un asalto al Estado de Derecho por parte de la írrita Asamblea Nacional, órgano en desacato, cuyos actos son nulos"

Por ende, la acción de la contraloría del gobierno en disputa contra la junta directiva ad hoc de Citgo, nombrada por Guaidó, les prohíbe enajenar, gravar bienes, ordena el bloqueo e inmovilización de sus cuentas bancarias en Venezuela, y les prohíbe también la salida del país.

Juan Guaidó. AFP/END.

“Hay un grupo personas quienes han venido cometiendo hechos de usurpación y de corrupción, y se han apropiado de empresas de todos los venezolanos (…) para enriquecerse ilícitamente con las empresas venezolanas como Citgo, parte de Pdvsa”, indicó Amoroso en la rueda de prensa.

Además de la junta ad hoc de Citgo, también se verían afectados por esta decisión los miembros de la junta ad hoc de la filial de Pequiven en Colombia, Monómeros.

​Igualmente, Amoroso anunció el inicio de procedimiento de autoría patrimonial para: Carlos José Balsa Guanipa, David Smolansky, Elio Corpoeledo, Luis Augusto Pacheco, María Lizardo de Jiménez, José Ignacio Hernández, José Mirena Bilbao, Enrique Torres, Rogelio Losada, Carmen Hernández Rodríguez de Castro, José Alberto de Antonio y Mirella Ritanti de Amaya.

A estas personas también se inició un procedimiento de auditoría patrimonial y los inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos. No ofreció detalles sobre esta última medida.

Entre los nombres resaltan el de David Smolansky, alcalde en el exilio y actual coordinador del grupo de trabajo para migrantes venezolanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), y José Ignacio Hernández, el Procurador General del gobierno encargado de Guaidó.

Todas estas inhabilitaciones se dan la misma semana que el presidente de la ANC y segundo de partido del gobierno, Diosdado Cabello, anunciara que conformó una comisión para evaluar si es necesario adelantar elecciones legislativas.