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El gobierno mexicano advirtió este miércoles que la absolución de un hombre señalado como pieza clave en la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa sienta un "precedente grave" que podría dejar libres a otros 50 implicados en el caso.

Un juez federal a cargo de la causa absolvió a Gildardo López Astudillo, alias 'El Gil', que fue liberado el sábado pasado, lo que desató la condena e indignación de familiares de los estudiantes que denuncian deficiencias en la investigación.

"Es un precedente grave, es una sentencia absolutoria, y lamentablemente no es el único caso", afirmó el subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas, en la habitual conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Encinas informó que, a la fecha, han sido liberados 53 implicados de los 142 detenidos, y que la absolución de 'El Gil' evidencia un "precedente grave de impunidad" y "a favor del silencio".

Informó que se iniciará una investigación a jueces y todas las autoridades implicadas en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela de maestros rurales de Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014 en el sureño estado de Guerrero, hechos que desataron una ola mundial de indignación.

Encinas exhortó a la fiscalía general a que se refuercen las capacidades técnicas, materiales y humanas de la Unidad de Investigación en el caso de los 43 normalistas, y afirmó que la llamada "verdad histórica" sobre el caso se basó en irregularidades que han beneficiados a los detenidos.

Las investigaciones sobre el caso fueron iniciadas en 2014. Archivo/END

"La mal llamada 'verdad histórica' se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas", sentenció Encinas.

Las investigaciones fueron iniciadas en 2014 por el fiscal designado por el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), en el anterior gobierno. Tras la llegada del izquierdista Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y la entrada en funciones de un nuevo fiscal, se prometió reencauzar la investigación.

"Es algo que debe habilitar una investigación de fondo para avanzar en darle credibilidad a las instituciones, sobre todo a las encargadas de impartir justicia", dijo, por su parte, López Obrador.

La noche del 26 de septiembre de 2014, los jóvenes acudieron a Iguala a secuestrar autobuses de pasajeros para usarlos para viajar a una protesta.

Según la hipótesis de la fiscalía durante el anterior gobierno, los estudiantes fueron detenidos esa noche por policías de Iguala coludidos con Guerreros Unidos, a los que habrían entregado a los jóvenes al creer que eran miembros de un grupo rival.

Los narcotraficantes habrían asesinado a los 43 estudiantes para luego incinerar los cuerpos y arrojar las cenizas a un río, de acuerdo con esa misma teoría.

Pero una investigación independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó duramente esta hipótesis.