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La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció este lunes más casos de "posibles ejecuciones extrajudiciales", así como de "torturas y malos tratos" de detenidos en Venezuela.

En un discurso en la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Bachelet presentó un duro nuevo informe sobre la situación en Venezuela bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

"Mi Oficina ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional -conocidas como FAES- en algunos barrios del país", señaló.

"Tan sólo en el pasado mes de julio la organización no-gubernamental 'Monitor de Víctimas' identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES en Caracas", precisó la exmandataria chilena.

Bachelet indicó además que su oficina documentó "casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares".

En contraposición a estas denuncias, Bachelet dijo que el gobierno de Maduro cumplió con "la excarcelación" de "83 personas", entre ellas "aquellas cuya detención había sido considerada como arbitraria por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria".

Un primer informe fue presentado el pasado 5 de julio, en el que Bachelet había denunciado la "erosión del Estado de derecho" en Venezuela, advirtiendo también que las sanciones internacionales agravaban la crisis en el país.

"La situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores en la región", reiteró este lunes, precisando que la economía "atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado" América Latina.

Bachelet deploró, por otro parte, "las recientes acciones" con vistas a aprobar una ley que "tipifica como delito las actividades de las organizaciones de derechos humanos nacionales que reciben fondos del extranjero".

"Esa ley, si se aprueba y aplica, reducirá aún más el espacio democrático", advirtió la representante de la ONU.

Por último, insistió en que las sanciones del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump contra el gobierno de Maduro contribuyen a "agravar la situación humanitaria" del país.

Venezuela vive la peor crisis en la historia reciente, reflejada en hiperinflación, el desplome de su vital producción de crudo y el éxodo de 3,6 millones de personas desde principios de 2016.

¿Cuáles son los puntos principales del informe?

1- La situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores en la región.

"Mantengo mi compromiso de seguir cooperando con las autoridades para lograr cambios sustanciales y poner fin a las violaciones de derechos humanos documentadas en mi informe", indica Bachelet.

2- Un miembro del equipo de Bachelet fue autorizado a visitar la prisión militar de Ramo Verde. Otros detalles de la visita no fueron divulgados de inmediato. Dijo que avanzan en un protocolo y un calendario de visitas en los próximos meses.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Archivo/END3- La situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de los derechos económicos y sociales de millones de personas. Se refiere a la crisis hiperinflacionaria, que cataloga como la "más agudaque haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales".

4- Muestra preocupación por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el gobierno de EE.UU: "Pese a las excepciones contempladas en las últimas sanciones en el área de asistencia humanitaria, el escrutinio estricto (over-compliance) del sector financiero, la reducción de los ingresos públicos y la caída en la producción petrolera está teniendo ya un fuerte impacto en los programas sociales y en la población en general. Todo esto contribuye a agravar la situación humanitaria y el éxodo de personas venezolanas".

5- Persisten serios obstáculos en la disponibilidad y accesibilidad económica a los alimentos, medicamentos y asistencia médica.

6- Han sido documentandos casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional - conocidas como FAES - en algunos barrios del país.

"Tan sólo en el pasado mes de julio la organización no-gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES en Caracas. Los casos documentados muestran el mismo patrón identificado en mi informe de junio y revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a los testigos y familiares de las víctimas, quienes en su mayoría son mujeres", indica el texto.

Además agrega que la Oficina de Bachelet "no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del gobierno".

"Llamo a las autoridades de justicia a agilizar las investigaciones y procesos penales del resto de los casos de muertes en el contexto de protestas", dice el informe.

7- Muestra preocupación por la presencia de militares en el territorio del pueblo indígena Pemón, así como casos recientes recibidos de violencia en contra de personas indígenas, como las muertes de dos jóvenes Warao en julio presuntamente por elementos del FAES, las muertes de una mujer indígena Warao embarazada, y una niña de 6 años, así como la muerte de un líder indígena Curripaco en Amazonas, cometidos supuestamente por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana.

8- Muestra preocupación por el impacto que la extracción de oro, diamantes, coltán y otros metales en el Arco Minero del Orinoco está teniendo en la forma de vida de los pueblos indígenas, así como el impacto ambiental en sus territorios. A pesar de que el Gobierno considera que se realizaron consultas con los pueblos indígenas antes del establecimiento del Arco Minero, autoridades indígenas y ONGs sostienen que no hubo consultas, ni los estudios de impacto ambiental adecuados.

9- Critica que desde la presentación del informe de julio, la Asamblea Nacional Constituyente, a petición del Tribunal Supremo, -ambos bajo las órdenes de Maduro-, ha levantado la inmunidad parlamentaria a otros cuatro diputados de la Asamblea Nacional, elevando el número total a una parlamentaria y 24 parlamentarios despojados de inmunidad, incluido su Presidente. Dos parlamentarios siguen en detención preventiva a la espera de juicio: "Confío en que mi oficina pueda visitarles pronto".

9- Señala que continúa el éxodo en virtud del cual unos 4,3 millones de venezolanos han salido del país, y muestra preocupación por la trata de personas y algunos indicios de xenofobia en países de acogida en medio de la crisis migratoria venezolana.

10- Alude a que algunas organizaciones de la sociedad civil y sus representantes que colaboraron en la preparación del informe de julio, fueron víctimas de descalificaciones públicas y amenazas por altos funcionarios siguiendo su publicación: " Las represalias por haber cooperado con las Naciones Unidas son inaceptables e insto a las autoridades a que tomen medidas de prevención".

Sigue el deterioro económico

El informe del lunes señala que "la situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de los derechos económicos y sociales de millones de personas".

Recuerda que la economía atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales.

"Al día de hoy, el salario mínimo equivale a 2 dólares mensuales, en comparación con los 7 dólares en junio. Así, una familia necesita percibir el equivalente a 41 salarios mínimos mensuales para poder cubrir la canasta básica alimentaria", advierte.

Señala además como factor negativo que "la dolarización de facto en varios sectores de la economía está exacerbando las desigualdades".

Otros problemas graves son las fallas en los servicios públicos, sobre todo en el estado Zulia. "El desabastecimiento de combustible fuera de Caracas ha agravado la situación".

Bachelet reiteró su "preocupación por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el Gobierno de Unidos de América".

"Persisten serios obstáculos en la disponibilidad y accesibilidad económica a los alimentos. Por ejemplo, Cáritas registró un 35 por ciento de desnutrición crónica en los niños y niñas menores de 5 años atendidos en junio de 2019 en las zonas más pobres de 18 estados", indica el informe.

Otros puntos señados son "el insuficiente acceso a medicamentos y tratamiento de más de 400,000 personas que padecen enfermedades crónicas".

Apunta a que se ha registrado la muerte de pacientes con insuficiencia renal debido a la escasez de medicamentos e insumos para ser dializados desde 2017. A su vez alude a que debido al desabastecimiento de suministros, los únicos dos centros en el país donde se pueden practicar trasplantes de médula ósea se enfrentan a serios problemas operativos.

"Debido a problemas financieros al menos 39 personas, incluidos niños y niñas, se encuentran en Venezuela esperando viajar al extranjero para ser trasplantados en el marco de programas estatales. En los últimos meses, al menos 4 niños y niñas habrían fallecido durante la espera", señala el texto.

Ejecuciones extrajudiciales

Bachelet indicó que su Oficina "ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional - conocidas como FAES - en algunos barrios del país".

Citó que tan sólo en el pasado mes de julio la organización no-gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES en Caracas.

"Los casos documentados muestran el mismo patrón identificado en mi informe de junio y revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a los testigos y familiares de las víctimas, quienes en su mayoría son mujeres"

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Archivo/ENDBachelet dijo que "no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del gobierno (en disputa de Nicolás Maduro).

Según información recibida recientemente por parte del Ministerio Público que responde a Maduro, de agosto de 2017 a mayo de 2019, se condenaron a 104 miembros de fuerzas de seguridad por violación a los derechos humanos.

"Mi oficina espera información detallada sobre el tipo de violación a los derechos humanos, la adscripción institucional de los funcionarios, y el perfil de las víctimas", dice el texto.

Bachelet instó a las autoridades de justicia a agilizar las investigaciones y procesos penales del resto de los casos de muertes en el contexto de protestas.

"Me preocupa el aumento de presencia de militares en el territorio del pueblo indígena Pemón, así como casos recientes recibidos de violencia en contra de personas indígenas, como las muertes de dos jóvenes Warao en julio presuntamente por elementos del FAES, las muertes de una mujer indígena Warao embarazada, y una niña de 6 años, así como la muerte de un líder indígena Curripaco en Amazonas, cometidos supuestamente por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana", afirmó.

Otras preocupaciones de Bachelet

La Alta Comisionada de la ONU para los DDHH dijo que le peocupa el impacto que la extracción de oro, diamantes, coltán y otros metales en el Arco Minero del Orinoco está teniendo en la forma de vida de los pueblos indígenas, así como el impacto ambiental en sus territorios.

Bachelet también señaló que desde la presentación de su informe, la Asamblea Nacional Constituyente, a petición del Tribunal Supremo, -ambos bajo las órdenes de Maduro-, ha levantado la inmunidad parlamentaria a otros cuatro diputados de la Asamblea Nacional, elevando el número total a una parlamentaria y 24 parlamentarios despojados de inmunidad, incluido su presidente (Juan Guaidó).

Recordó que dos parlamentarios siguen en detención preventiva a la espera de juicio: "Confío en que mi oficina pueda visitarles pronto".

A su vez rechazó la condena contra el líder sindical Rubén González a 5 años y 9 meses de prisión por un tribunal militar el 13 de agosto por hechos ocurridos en el ejercicio de su activismo sindical: "Su familia también ha sido objeto de diversas formas de hostigamiento. La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial".

Bachelet llamó la atención sobre recientes acciones que buscan aprobar una ley que tipifica como delito las actividades de las organizaciones de derechos humanos nacionales que reciben fondos del extranjero.

"Esa ley, si se aprueba y aplica, reducirá aún más el espacio democrático. Lamento también los recientes ataques del gobierno (en disputa) en contra de la autonomía universitaria.

Tortura y mal trato a presos

"Mi Oficina documentó casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares. Las condiciones de detención no cumplen con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a atención médica adecuada", dijo Bachelet.

A su vez, solicitpo a las autoridades que tomen acciones para corregir estas prácticas, permitir acceso médico e investigar violaciones a los derechos humanos.

"La autopsia del Capitán Acosta Arévalo, quien falleció bajo custodia el 29 de junio, reveló que había sufrido múltiples golpes, contusiones, excoriaciones y quemaduras en varias partes del cuerpo. Sufrió fracturas en 16 costillas, el tabique nasal y el pie derecho".

Señaló que pese a que el gobierno en disputa reportó que dos oficiales de la DGCIM habían sido detenidos y acusados de homicidio preterintencional, no indicó que hubo "actos de tortura".

Migración venezolana

Bachelet señaló que según las últimas cifras de Naciones Unidas hay más de 4,3 millones de personas venezolanas refugiadas y migrantes en el mundo.

Aludió a los esfuerzos realizados en materia de recepción, documentación y acceso a derechos en los países de acogida.

"Concuerdo con las palabras de Eduardo Stein, Representante Especial del Secretario General para los refugiados y migrantes venezolanos, sobre la necesidad de adoptar medidas para garantizar una migración segura, ordenada y regular, las mismas no deberían imponer obstáculos de acceso al territorio que pueden incrementar la migración irregular, y exacerbar los riesgos a ser víctimas de diversas formas de violencia y explotación".

Se refirió a la preocupación por los "informes de brotes de xenofobia en países de la región y dijo que redobla su pedido a las autoridades de los países de acogida para mitigarlos y prevenirlos preservando los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

El texto agrega que la la Oficina de la Alta Comisionada "ha seguido documentando casos de personas migrantes víctimas de trata, particularmente mujeres, niñas y niños, con fines de explotación sexual, laboral y de reclutamiento para actividades ilícitas por parte del crimen organizado y de otros grupos armados".

También agrega que las víctimas no suelen denunciar por temor a represalias o a ser deportadas, y también debido a la corrupción, impunidad y falta de servicios de atención adecuados.

Señala además "la desaparición de decenas de personas migrantes cuyas lanchas naufragaron o desaparecieron en las costas caribeñas, aparentemente relacionada con redes de trata y tráfico de personas hacia las islas del Caribe".