• México |
  • |
  • |
  • Edición Impresa

El Gobierno mexicano dijo este jueves que discrepa con un fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos, que admitió restricciones propuestas por la administración de Donald Trump a las solicitudes de asilo y que golpea a miles de centroamericanos indocumentados.

"Es un asunto de los Estados Unidos. Desde luego que no coincidimos, nosotros tenemos otra política", dijo el canciller mexicano Marcelo Ebrard.

El tribunal supremo levantó el miércoles el bloqueo impuesto por una corte distrital a las restricciones, que declaran que los migrantes que llegan a la frontera sur no serán elegibles para asilo en Estados Unidos, si no lo han solicitado antes a alguno de los países que cruzaron para llegar allí.

El fallo, en vigor mientras se sustancian los procedimientos en las cortes inferiores, podría causar un aumento dramático en el número de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que piden asilo en México, ruta de acceso para casi la totalidad del reciente éxodo centroamericano.

Consultado sobre si el fallo prepara el camino para que México acepte convertirse en "tercer país seguro", Ebrard reiteró que el Gobierno rechaza esa posibilidad.

"Eso no puede ser derivado de una resolución de la corte en otro país, eso es un tratado, un tratado entre dos o más países. México no lo va a aceptar bajo ninguna circunstancia", sentenció.

El canciller sostuvo que México mantiene una política "muy distinta" respecto al derecho al refugio y que esta no va a variar.

"Estados Unidos tiene una política migratoria durísima", señaló, agregando que la resolución tendrá un impacto "impresionante".

Ebrard afirmó por otro lado que se reunirá "muy pronto" con la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien manifestó esta semana su preocupación por las políticas migratorias de México y Estados Unidos, al considerar que han incrementado el riesgo de violaciones y abusos contras los migrantes.

El encuentro, indicó, será "el inicio de un diálogo para tratar de atender las preocupaciones sobre derechos humanos".

México y Estados Unidos firmaron en junio un acuerdo con el que el país latinoamericano se comprometió a reducir significativamente una inédita escalada de migrantes indocumentados, que empezó a finales de 2018, meta que ha conseguido mediante el despliegue de más de 25,000 militares y un endurecimiento de los operativos y controles migratorios.