• San Francisco, Estados Unidos |
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  • AFP

El gobernador de California, Gavin Newsom, sancionó este miércoles la polémica ley que reclasifica como empleados a los trabajadores a destajo, incluidos los conductores de Uber y Lift, que por ahora se niegan a cumplir con la normativa.

La legislación, que ha sido observada muy de cerca por otros estados, responde a críticos que argumentan que estas empresas de transporte niegan beneficios a sus conductores.

Newsom calificó la legislación de "hito", que reducirá una "clasificación errónea de trabajadores" a los que se les negaban beneficios como salario mínimo, licencia por enfermedad y seguro de salud, al tiempo que espera sea un primer paso hacia la sindicalización.

"La necesidad de crear una seguridad económica duradera para nuestra fuerza laboral exige acción", indicó el gobernador demócrata.

La ley desafía el modelo de negocios de las plataformas de transporte que ven a sus conductores como contratistas dentro de la "economía gig" con contratos a corto plazo y sin beneficios.

Los esfuerzos de Uber y Lyft para negociar un compromiso con el proyecto de ley aprobado por los legisladores estatales aparentemente fracasaron, dado que el gobernador lo convirtió en ley sin cambios.

Uber había presionado para que se estableciera una nueva clasificación para los trabajadores. Archivo/END

Aunque Uber dijo que por ahora no tiene planes inmediatos para reclasificar sus conductores como empleados en enero, cuando la ley entra en vigor.

La ley "no proporciona beneficios a los conductores", dijo Tony West, director jurídico de Uber, en una llamada realizada la semana pasada a los periodistas.

Uber había presionado para que se estableciera una nueva clasificación para los trabajadores independientes que garantizaba beneficios.

 Gavin Newsom, gobernador de California. Archivo/END

"Fue una oportunidad de liderazgo que perdió California, para poder encabezar la tercera vía que se ajusta a la economía del siglo XXI y a la forma en que el mundo funciona hoy en día", dijo West.

Uber y Lyft, cuyos modelos probablemente se verán afectados con la ley, promueven un referéndum en el estado para anular la medida.