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Honduras vive momentos de tensión, luego de que el jefe del Estado Mayor del Ejército de ese país, Romeo Vásquez, fuese restituido en su cargo por la Corte Suprema de Justicia, tras la destitución ordenada por el presidente Manuel Zelaya, quien secuestró el material que se utilizará en la encuesta de este domingo y que se encontraba en la Fuerza Aérea.

El jefe del Estado Mayor del Ejército, Romeo Vásquez, habría sido destituido la noche del miércoles por negarse a que el Ejército apoyara la realización este próximo domingo de una consulta popular convocada por Zelaya, cuyo propósito es preguntar a la ciudadanía si aceptaría una convocatoria a reformar la Constitución.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Honduras ordenó por unanimidad la restitución en su cargo del jefe del Estado Mayor Conjunto. En solidaridad a Vásquez, renunciaron los comandantes de las demás ramas de las Fuerzas Armadas, Ejército, Naval y Aérea y el Ministro de Defensa Edmundo Orellana.

El Congreso Nacional también rechazó mediante un decreto la decisión de Zelaya de destituir al jefe militar, señaló el presidente del Poder Legislativo Roberto Micheletti Bain.

El Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y el Parlamento se oponen a la iniciativa de Zelaya de consultar a la ciudadanía este domingo sobre si están de acuerdo en que se someta a referendo una reforma de la Constitución en una cuarta boleta en las elecciones de noviembre.

Mientras, el Embajador de Honduras ante la OEA, Carlos Sosa, solicitó al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) una reunión urgente para analizar la crisis que atraviesa ese país.

Zelaya a las calles

La crisis se agudizó cuando el presidente Zelaya en respuesta a la decisión de la Corte Suprema de Justicia entró a la fuerza en una base aérea militar junto a cientos de seguidores para recoger material que pretende emplear en la consulta.

Zelaya y sus seguidores rompieron los portones para entrar en la Base Aérea Acosta Mejía, en un costado del aeropuerto de Toncontín de la capital. El propio presidente cargó las cajas con el material y las urnas para llevarlas a los camiones que aguardaban ante la mirada impasible de los militares.

“No voy a decir para dónde, pero los que tengan carros que me sigan", dijo Zelaya antes de dirigirse a la base de la Fuerza Aérea, reporta el diario local El Heraldo.

Horas antes, fiscales del Ministerio Público y magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se habían trasladado a la base aérea para decomisar el material de la encuesta que había sido declarada ilegal.

"Esos bárbaros que no representan a nadie en el Congreso Nacional, declaran que los militares se pueden gobernar solos y que ya no dependen del Presidente de la República, están violando el Estado de Derecho, y hacen retroceder a Honduras en las conquistas de 30 años, a la época de los desaparecidos, en que sacrificaban a los pobres en la década de los 80", dijo Zelaya durante un mitin con simpatizantes, en el que acusó a la "la oligarquía mediática" de estar detrás del rechazo a la consulta.

Militares desplegados
A escasas horas de la mañana, cientos de militares se desplegaron en la capital hondureña. Desde el Primer Batallón de Infantería, situado a 5 km al oeste de la capital, los militares se desplegaron en los alrededores de la Casa Presidencial y en el aeropuerto Toncontín, según medios locales.

La movilización de las tropas se realizó para prevenir posibles disturbios por parte de organizaciones populares e indígenas, que apoyan a Zelaya en su propósito de llevar a cabo la encuesta.

Ante el despliegue militar en la capital, los rumores de un eventual golpe de Estado para destituir a Zelaya incrementaron entre la población.

El diario El Heraldo reporta que un avión venezolano aterrizó a eso de las dos de la tarde en el aeropuerto de Toncontín, pero no se movilizó hasta la Fuerza Aérea, como es costumbre.

Zelaya y su cambio

Zelaya, que ha virado al conservador Partido Liberal (PL) a la izquierda, integrándose a la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), termina su período presidencial de cuatro años el 27 de enero próximo.

El presidente argumentó la noche del miércoles que los cambios en la Constitución serán para que "la democracia no esté en manos de unos pocos", en consonancia con su discurso en el que denuncia que el control del gobierno lo tienen los influyentes grupos de poder.

Sin embargo, muchos críticos creen que la intención del presidente es ampliar su período presidencial, con asesoría de miembros del ALBA, para garantizar su continuidad en el poder a fin de implantar un modelo socialista.

Ortega: “Golpe de Estado técnico”

La noche de ayer el presidente Daniel Ortega, en su calidad de Presidente Pro Témpore del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), emitió un comunicado respaldando a Zelaya “frente al proceso desestabilizador de la gobernabilidad”, y calificó la situación en Honduras como un “golpe de Estado técnico”.

“Condenamos también todo intento de negar a un pueblo el derecho a elegir en libertad y soberanía, su Modelo de Protagonismo Ciudadano, y sus rutas para el ejercicio del mismo, en plena concordancia con las leyes y los derechos políticos y sociales”, dice el comunicado.

“La Presidencia Pro Témpore del SICA, saluda con fraternal solidaridad al Presidente de Honduras, hermano Mel Zelaya, expresando nuestra certeza de que su pueblo, desde su liderazgo, sabrá afirmar y desarrollar los más efectivos mecanismos de participación ciudadana…”, agregó Ortega.

Aguirre establece similitudes con Nicaragua

El secretario nacional del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y diputado Francisco Aguirre Sacasa, estableció las similitudes entre Nicaragua y Honduras, particularmente, el hecho de que tanto el presidente catracho Manuel “Mel” Zelaya, como el mandatario, Daniel Ortega Saavedra, tienen las mismas aspiraciones reeleccionistas.

Aguirre teme que la crisis hondureña terminé con un golpe de estado ejecutado por cualquiera de las partes, es decir, que tanto el presidente Zelaya como el Ejército podrían ejecutar este golpe de estado impulsado, según el diputado liberal, por el interés de Zelaya en continuar en la presidencia.

A diferencia de Honduras, donde el presidente Zelaya enfrenta la oposición de todos los poderes e instituciones del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas, Aguirre recordó que en Nicaragua el partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, “tiene un fuerte control sobre las palancas de los poderes del Estado y del mismo Ejército”, por lo que descartó un desenlace similar.

No obstante, Aguirre insistió en que cualquier tipo de desenlace de la crisis en el vecino país del norte, tendrá serías repercusiones en la política interna nicaragüense, sobre todo porque, según Aguirre, el presidente Manuel Zelaya está tratando de “internacionalizar su problema interno”, invocando la Carta Democrática Interamericana para denunciar un presunto golpe de Estado en su contra.