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  • AFP

El gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, adelanta medidas que "limitan seriamente" la libertad de expresión en Venezuela, afirmó hoy Human Rights Watch (HRW). La ONG de defensa de los derechos humanos criticó principalmente el proyecto de ley sobre "delitos mediáticos", presentado ayer por la fiscal general Luisa Ortega ante el Parlamento para su discusión.

"Estamos frente al ataque más frontal a la libertad de expresión en Venezuela desde que Chávez asumió el poder", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, en un comunicado. "Con la excepción de Cuba, Venezuela es el único país en la región al cual le resultan abiertamente indiferentes los estándares universales sobre libertad de expresión", expresó Vivanco.

Según el borrador de la ley introducida ayer en el Parlamento, una información considerada "falsa", "manipulada" o "tergiversada", que cause "perjuicio a los intereses del Estado" o atente contra la "moral pública" o la "salud mental", habrá incurrido en un "delito mediático" y sus autores podrán ser castigados hasta con cuatro años de cárcel. "El proyecto de ley no es más que una receta para la censura y resulta absolutamente incompatible con las normas internacionales sobre libertad de expresión", apuntó Vivanco.

HRW instó al gobierno de Chávez a dejar sin efecto cualquier medida que pueda afectar la libertad de expresión en Venezuela.

"Nuevas formas de criminalidad"
En su exposición ante los diputados, Luisa Ortega Díaz pidió ayer que el Estado regule la libertad de expresión y el comportamiento de los medios de comunicación. "Es necesario legislar sobre esta materia, es necesario que el Estado venezolano regule la libertad de expresión", aseguró. Si bien reconoció que se trata de un derecho, Díaz subrayó: "En el marco del derecho de los venezolanos todo tiene un límite". "Reclamo que se le ponga un límite a ese derecho", agregó.

Para la fiscal, el "ejercicio abusivo de la libertad de expresión e información" enfrenta al Estado a "nuevas formas de criminalidad". "Los medios no pueden ser utilizados para cometer hechos punibles (...) no pueden generar clima de inseguridad, ni generar a través de la noticia sensación de impunidad. Por el contrario deben cumplir una función educativa", resaltó.

Entre los delitos tipificados se incluye "la negativa a revelar información" y la "omisión voluntaria de suministrar información", que chocarían con el derecho de protección de las fuentes periodísticas, un comportamiento que puede merecer penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel.

Seguridad de la nación en juego
El Colegio Nacional de Periodistas fustigó en un comunicado el proyecto por considerar que "colocaría a los ciudadanos a un paso de ser penalizados por tener opiniones y hacerlas públicas" y sostiene que busca "amedrentar a la población e instarla a que haga silencio".

Sin embargo, para la fiscal, que confió en que este proyecto de ley contará con el apoyo del Parlamento -controlado por el oficialismo- está en juego la libertad de expresión frente la seguridad de la nación. "Si lo colocamos frente a la libertad de expresión debe prevalecer la seguridad de la nación", zanjó.

Además de esta ley, el gobierno del presidente Hugo Chávez estudia modificar otras normas que afectarán el oficio periodístico, como la ley de Telecomunicaciones o la de televisiones por cable. Numerosos medios de comunicación privados han denunciado una arremetida legal contra la prensa crítica con el proyecto político de Chávez.

En 2007, el gobierno venezolano no renovó la concesión a la televisión privada RCTV, muy crítica con el ejecutivo. Otra televisora privada, Globovisión, ha sido directamente amenazada de cierre en estas semanas por las autoridades venezolanas.