elnuevodiario.com.ni
  •   CARACAS  |
  •  |
  •  |
  • AFP

La presidenta de la Asamblea Nacional venezolana, Cilia Flores, ratificó hoy que el proyecto de ley de delitos mediáticos no será discutido por el Parlamento debido a divergencias surgidas, lo cual confirma que la polémica propuesta queda por ahora enterrada. "La ley que era propuesta por la fiscal del ministerio Público no tuvo consenso y no es proyecto de ley que esté en nuestra agenda legislativa", declaró Flores.

Flores recalcó que muchos de los aspectos planteados en la propuesta de la fiscal ya están regulados en el Código Penal actual, donde se contempla el delito de injuria o calumnia. "Lo importante es que se cumpla lo que ya está establecido en esa legislación. Ya esa ley existe, no es que nosotros estabamos inventando, o que la fiscal estaba inventando el agua tibia, ya existen regulaciones", agregó Flores.

La semana pasada, la fiscal general Luisa Ortega presentó una propuesta para aprobar una ley especial de delitos mediáticos que prevé penas de hasta cuatro años de cárcel para quien publique una información "falsa", "manipulada" o "tergiversada", que cause "perjuicio a los intereses del Estado" o atente contra la "moral pública" o la "salud mental".

Esta propuesta provocó protestas e inquietud dentro y fuera de Venezuela y el martes, cuando estaba previsto que la comisión de medios de la Asamblea Nacional debatiera la propuesta, el proyecto pareció quedar enterrado. "Uno puede tener libertad de expresión y expresarse. Pero si uno con esa libertad de expresión incurre en estos delitos, la otra persona tiene todo el derecho de interponer ante los organismos correspondientes las demandas", señaló Flores.

Según publica hoy el diario El Nacional sin citar sus fuentes, una reunión de urgencia celebrada el lunes en la noche en el palacio presidencial de Miraflores decidió que la propuesta "debía detenerse y el tema debía desaparecer ante la opinión pública" El diario afirma que la fiscal "no consultó a nadie ni midió el efecto" del proyecto que presentó ante la Asamblea Nacional, que pese a estar controlada por el oficialismo fue escenario de divisiones entre diputados.

Las protestas en Venezuela han sido frecuentes en estos días debido a esta polémica propuesta y a la salida del aire de 32 emisoras de radio y dos televisoras locales, que según el gobierno estaban usando su permiso de transmisión de forma ilegal.