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  • AFP

Una universitaria francesa y dos funcionarios locales de las embajadas de Francia y Gran Bretaña comparecieron hoy en Teherán en el juicio contra los manifestantes detenidos por protestar contra la reelección del presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad. La universitaria francesa, Clotilde Reiss, compareció en la segunda audiencia del juicio y pidió perdón tras reconocer haber redactado un informe sobre los disturbios postelectorales. Junto a ella también fueron enjuiciados dos empleados locales de las embajadas francesa y británica en Teherán.

Reiss reconoció que había escrito un informe. "Escribí un informe de una página y lo entregué al jefe del Instituto Francés de Investigación en Irán, que depende del servicio cultural de la embajada de Francia", declaró ante un juez que le preguntó si había escrito un informe sobre las manifestaciones postelectorales en la universidad y en el bazar de Ispahan (centro). Según la agencia oficial iraní IRNA, Reiss "está acusada de haber recogido información y alentado a los agitadores".

La presencia de la pasante de la universidad de Ispahan entre los manifestantes juzgados hoy en una sesión a la que no pudo acceder la prensa extranjera fue una sorpresa. Reiss y los restantes enjuiciados están acusados por el Tribunal Revolucionario de Teherán de participar en las manifestaciones tras la reelección de Ahmadinejad, duramente reprimidas por las autoridades.

La joven francesa, una apasionada de la cultura persa, reconoció haber estado en las protestas del 15 y del 17 de junio. "Quería ver lo que pasaba (...) mis amigos y mi familia estaban preocupados; les envié mensajes de correo electrónico diciéndoles que las manifestaciones eran tranquilas", contó ante el tribunal. "Pido perdón al país, al pueblo y al tribunal de Irán y espero ser indultada", añadió la joven, que llevaba un vaquero, un abrigo oscuro y un pañuelo en la cabeza.

Detenida desde el 1 de julio, la francesa, que el 31 del mismo mes cumplió 24 años, también reconoció haber escrito un informe hace dos años sobre el programa nuclear iraní. Sin embargo, negó que ese informe tuviera "relación con la Organización Francesa de la Energía Atómica para la que trabaja su padre. "No hice un informe técnico sobre el programa nuclear sino sobre la política y la sociedad iraníes", se defendió.

Planes para derrocar al régimen
Por su parte, el fiscal del tribunal, Abdolreza Mohabati, afirmó que todos los acusados "elaboraron un plan, por cuenta de la oposición y de países extranjeros, para derrocar al régimen", según la agencia FARS.

En cuanto a los empleados locales de las embajadas francesa y británica, se trata de Nazak Akshar, una trabajadora del servicio cultural de la legación francesa, y de Hosein Rasam, detenido el 27 de junio y luego liberado bajo fianza junto a varios compañeros de trabajo. Hosein Rasam fue acusado de espionaje para Estados extranjeros, según IRNA.

El fiscal acusó a las autoridades británicas y estadounidenses de tener un papel en los "disturbios" más graves de la historia de la República Islámica, en los que murieron 30 personas, según el balance oficial. "La célula política de la embajada de Gran Bretaña recaudaba información sobre los responsables iraníes, los Guardianes de la Revolución, la milicia Basiyi", expuso el fiscal durante la lectura del acto de acusación. "También envió a empleados locales a los lugares de los disturbios", añadió.

La Presidencia de la Unión Europea,UE, aseguró hoy que el juicio a los dos empleados diplomáticos "es un acto contra toda Europa". Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores británico, David Miliband, señaló que el proceso en Teherán contra un funcionario de la embajada británica es la última de una serie de provocaciones de Irán, desde las polémicas elecciones presidenciales del 12 de junio.

Confesiones obtenidas bajo "tortura"
Destacados políticos reformistas y periodistas figuran entre la decena de acusados que comparecían hoy por segunda vez ante el tribunal. Un centenar de acusados comparecieron en la apertura del juicio el 1 de agosto. Acusados de perturbar el orden público y de atentar contra la seguridad nacional, se enfrentan a una pena de cárcel de hasta cinco años. Pero si son reconocidos culpables de ser "mohareb" (enemigos de Dios), se enfrentan a la pena de muerte.

El juicio ya ha supuesto un duro revés para la oposición. Algunos de los acusados se retractaron de sus declaraciones y afirmaron que fue un error participar en las protestas. El lider opositor Mir Hosein Musavi afirmó la semana pasada que esas confesiones fueron obtenidas bajo "tortura".