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  • AFP

Las patronales agrarias volverán el viernes al cese por una semana de la comercialización de granos y carnes, luego del veto presidencial a una ley que suspendía tributos a las ventas externas en zonas afectadas por la sequía en Argentina, exportador mundial de alimentos. "Interpretando el malestar de los productores y la crítica situación del interior del país, convocamos al cese de comercialización de granos con destino a industria y exportación y de ganado vacuno en pie", indicó en rueda de prensa el dirigente agrario Carlos Garetto.

El "lock out", resuelto por las cuatro entidades agrarias, se extenderá desde "la cero hora del viernes 28 de agosto hasta las 24 horas del 4 de septiembre", renovando las protestas de 2008. Los productores calificaron de "gota que rebalsó el vaso" el veto de la Presidenta Cristina Fernández a un artículo de la ley de Emergencia Agropecuaria, aprobada la semana pasada por unanimidad en el Congreso.

El artículo vetado preveía suspender por 180 días pagos de derechos de exportación en 37 distritos de la provincia de Buenos Aires (centro-este), el corazón productivo de la soja en esta potencia agrícola. Los bloques oficialistas del Congreso argumentaron haber aprobado el artículo por error, ya que la emergencia debía excluír los tributos, según el acuerdo entre los bloques parlamentarios.

Veto considerado como una "actitud autoritaria y casi monárquica"
El veto presidencial fue calificado de "actitud autoritaria y casi monárquica" por Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina y uno de los líderes de la protesta rural en 2008. El año pasado, las patronales agrarias pusieron en jaque al gobierno con una huelga de cuatro meses, que incluyó ceses de comercialización de granos y cortes de ruta que provocaron desabastecimiento en las grandes ciudades, en rechazo a la política fiscal para el sector.

El ministro de Economía, Amado Boudou, expresó en cambio que "lo correcto es que una zona que entra en desastre (por sequía) tenga un tratamiento diferencial en materia de impuestos a la producción y no a la exportación". Las patronales agrarias vienen reclamando una reducción de la tasa de exportación de la soja de 35% a por lo menos 20% ó 15%, a la vez que demandan eliminar las alícuotas de trigo, maíz y girasol, de 23% en promedio. Pero el Gobierno necesita los impuestos que aporta el agro, que contribuye en 14% a los ingresos fiscales, que están en caída a raíz de la crisis económica mundial.

Estimaciones bursátiles indican que este año habrá una abrupta caída de 9.500 millones de dólares a 6.000 millones de dólares en los ingresos fiscales por impuestos a las exportaciones de granos y derivados, lo que obligaría al gobierno a al menos mantener la política fiscal. Las exportaciones de materias y primas y manufacturas del agro bajarían, a su vez, en forma interanual, de unos 35.000 millones de dólares a 20.000 millones de dólares, aunque las cifras privadas son estimativas mientras el gobierno las retacea.

La emergencia agropecuaria convertida en ley el pasado jueves asigna fondos por 130 millones de dólares para paliar la sequía en el país, entre otros puntos, que se mantienen vigentes. Argentina es el primer exportador mundial de harina y aceite de soja y el tercero de granos de esta leguninosa, el segundo en maíz y el quinto en trigo. Posee además 50 millones de cabezas de bovinos. Se estima que este año, la soja ocupará casi el 70% de la superficie sembrada de Argentina.