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  • AFP

El conflicto entre el Gobierno argentino y las patronales agrarias por los millonarios tributos a las exportaciones de granos se reavivó hoy al inciarse otra huelga de una semana con cese de ventas de granos y carnes, en una potencia proveedora mundial de alimentos. La medida de fuerza se aplicó desde esta madrugada, cuando productores comenzaron el control de cargas en camiones que circulaban por puntos estratégicos de rutas del centro y centro-este de Argentina, corazón de la producción de soja, el primer producto de exportación del país.

Pero el "lock out" no pondrá en principio en peligro las ventas externas de la leguminosa debido al suficiente stock de granos. "No va a haber ningún problema esta semana de paro. La industria aceitera tiene stock de granos para más de siete días y lo mismo sucede con los exportadores", indicó Alberto Rodríguez, director ejecutivo del Centro de Exportadores de Cereales (Ceara). Pero las ventas externas de materias y primas y manufacturas agrícolas bajarían de unos 35.000 millones de dólares en 2008 a 20.000 millones este año, según estimaciones privadas.

Argentina es el primer exportador mundial de harina y aceite de soja y el tercero de granos de esta leguminosa, que ocupará este año el 70% de la superficie sembrada del país, según cálculos privados. El detonador de la nueva huelga fue un veto de la presidenta Cristina Kirchner a una ley que suspendía los tributos a las exportaciones de granos en zonas de sequía de la provincia de Buenos Aires, en un escenario de escaso diálogo entre el Gobierno y los dirigentes rurales.

"Lo que iniciamos es mucho más que una protesta, es un proceso gradual que retoma todo lo hecho el año pasado, y que apuntará a llegar a diciembre con una fuerte movilización para gritar fuerte contra la 'vetocracia' que se viene", expresó Eduardo Buzzi, uno de los dirigentes rurales. En diciembre, asumirán en el Congreso los legisladores electos el pasado 28 de junio, en un comicio que significó un duro revés para Kirchner, y el oficialismo perderá la mayoría parlamentaria.

Los dirigentes de las cuatro principales entidades agrarias desalentaron esta vez los cortes de rutas, que ocasionaron graves trastornos en el transporte local e internacional durante 2008, cuando la protesta semiparalizó el país con una huelga de casi cuatro meses. Los productores reclaman una reducción de la tasa de exportación de la soja de 35% a por lo menos 20% ó 15%, a la vez que demandan eliminar las alícuotas de trigo, maíz y girasol, de 23% en promedio. Pero el Gobierno se opone con el argumento de que necesita los impuestos que aporta el agro, que contribuye en 14% a los ingresos fiscales, que están en caída a raíz de la crisis económica mundial.

Estimaciones bursátiles indican que este año habrá una abrupta caída de 9.500 millones de dólares a 6.000 millones de dólares en los ingresos fiscales por impuestos a las exportaciones de granos y derivados.