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Un proyecto de ley sobre medios audiovisuales del gobierno de Cristina Kirchner divide Argentina, entre el oficialismo que defiende la lucha contra los monopolios y la oposición, y los principales medios que denuncian una intención de controlar la prensa. El texto fue interpretado como un nuevo capítulo del conflicto entre la presidenta y su esposo, el ex mandatario Néstor Kirchner (2003-2007), y Clarín, principal grupo multimedios del país, crítico feroz de la política oficial.

Clarín tendrá un año para elegir entre deshacerse de sus canales de aire o de cable si el Congreso aprueba la ley sin modificaciones, que prohibiría que el dueño de un canal de aire tenga además uno de cable en la misma zona. La norma también prevé que organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro puedan acceder a un tercio del espacio audiovisual, en igual proporción que los medios públicos y los privados.

"La libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa", indicó Cristina Kirchner, cuyo partido sufrió una derrota el 28 de junio en comicios legislativos de mitad de mandato. Su gobierno subraya que la ley vigente, que data de 1980, fue sancionada durante la última dictadura entre 1976 y 1983.

Grupos multimedias se forman a partir de 1999
Ethel Pis Diez, de la privada Universidad Austral, advirtió que "fue la ley de reforma del Estado de 1999 la que permitió la formación de grupos multimedios y la entrada del capital extranjero en el sector". Desde este punto de vista, el proyecto de ley "nos acerca más al texto original" de la época de los militares, afirmó.

La polémica entre Clarín y el Gobierno estalló en agosto, cuando el Estado nacionalizó los derechos de televisación del fútbol, que estaban en manos de un grupo privado vinculado a Clarín, cuyo contrato fue rescindido por la Asociación del Fútbol Argentino, AFA. Estas nuevas reglas debilitarán aún más al grupo mediático y el tema está también en saber a quién beneficiarán.

El proyecto de ley permite, con condiciones, la llegada al mercado de la televisión por cable a las grandes compañías telefónicas: Telefónica, Telecom y Telmex. "Una política de Estado no puede estar motivada por un conflicto entre intereses económicos y políticos de grupos, y muchos menos por un negocio de amigos del poder. Eso resulta escandaloso", declaró el diputado electo y cineasta Fernando 'Pino' Solanas, de Proyecto Sur, partido de centroizquierda.

Reacción de oposición es enérgica
La intención que surge del proyecto de encargar a un organismo controlado por el oficialismo el otorgamiento de licencias de explotación es criticada incluso por los aliados de centroizquierda de los Kirchner. La reacción de la oposición es aún más enérgica en la medida en que el Gobierno, que no tendrá más la mayoría en el Congreso después del 10 de diciembre, elige una guerra relámpago para apurar la sanción de la ley.

Entidades de prensa argentinas e internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), se sumaron hoy a las críticas y advirtieron en un comunicado que la libertad de expresión y la seguridad jurídica se ven amenazadas.

La última palabra la tendrá probablemente, como sucedió en el conflicto con los productores agrarios en julio de 2008, el vicepresidente, Julio Cobos, también presidente del Senado. Cobos, quien había entonces votado contra su propio gobierno, ¿hará acaso estirar los debates en el Senado hasta el 10 de diciembre, fecha de recambio parlamentario?. "Sería muy bueno que el debate se inicie ahora", mencionó Cobos antes de agregar con ironía: "Pero que la definición la logre el nuevo Congreso".