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Pese a la crisis de hambre y desnutrición que afecta a miles de personas en Guatemala, por una prolongada sequía en zonas pobres del país, el Congreso no ratificó el "estado de calamidad" decretado por el presidente Álvaro Colom para enfrentar el flagelo. El pleno pretendía ratificar la medida como de urgencia nacional para evitar las tres lecturas ordinarias en sesiones separadas, de modo que cobrara vigencia inmediata, pero no se alcanzó el quórum de 105 diputados, de un total de 158, indicó la diputada opositora Virna López.

Mientras la medida sigue sin cobrar vigencia, las poblaciones afectadas claman por ayuda ante la escasez de alimentos por la destrucción de hasta un 90% de los cultivos de frijol y maíz, fundamentales en la dieta de los guatemaltecos. Datos oficiales indican que 54.000 familias sufren los problemas del hambre, en tanto otras 400.000 podrían engrosar la cifra al finalizar este año. La falta de alimentos se ha cobrado la vida de 462 personas, entre ellas 54 niños, según cifras del Ministerio de Salud.

El presidente del Congreso, el oficialista Roberto Alejos, anunció que la iniciativa de ley fue enviada a la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que se reunirá esta tarde y programará su debate en el plenario para la próxima semana. El retraso obedece a los días de descanso que tomarán los diputados por la conmemoración del 188 aniversario de la independencia de Centroamérica de la corona española, el 15 de septiembre.

Debate de iniciativa de ley será la próxima semana
Alejos comentó que hoy mismo espera recibir la iniciativa de ley, una vez aprobada por la comisión, para programar su debate la próxima semana, la cual sería ratificada sin inconvenientes, porque lo único que "va a haber es un pequeño cambio para asegurarnos en el tema de la transparencia y el rendimiento de cuentas".

El presidente Colom tomó la decisión de declarar el "estado de calamidad pública" para tener acceso a ayuda internacional, así como movilizar recursos del presupuesto nacional con mayor agilidad. No obstante, la decisión es considerada tardía por algunos sectores.

"Es un acto de desesperación, una mascarada demagógica para movilizar recursos especialmente de la cooperación internacional", afirmó hoy a periodistas el director ejecutivo de la Coordinadora de ONG’s y Cooperativas, Elmer Velásquez. "El actual Gobierno sólo genera paliativos, como arrendamiento de tierras y entrega de fertilizantes, cuando lo importante sería que interviniera en el comercio de granos, para estabilizar precios", aseveró.

Para atenuar la crisis, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU comenzó esta semana la entrega de 20 toneladas de galleta nutritiva en 164 comunidades afectadas por la hambruna, mientras que la empresa española Unión Fenosa, que distribuye energía eléctrica, hizo lo propio con otras 750 familias.