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Organizaciones de derechos humanos, empresariales y de la sociedad civil claman por justicia tras la captura de los supuestos asesinos de un abogado guatemalteco que en un video póstumo acusó de su muerte, ocurrida en mayo, al presidente Álvaro Colom. Los detenidos formaban una banda integrada por dos ex policías, dos policías en activo, un ex militar y cuatro particulares, todos con antecedentes de sicariato, tráfico de drogas, lavado de dinero, secuestros y extorsiones.

El titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), avalada por la ONU, el español Carlos Castresana, informó del desmantelamiento de la banda liderada por el ex policía William Santos Divas. Castresana aseguró que tres de los nueve detenidos participaron directamente en el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, perpetrado el pasado 10 de mayo.

Tres días después del crimen se divulgó un video en el que la víctima acusaba de su segura muerte al presidente Colom, causando la peor crisis política en la historia reciente de este país centroamericano. Tanto Colom como la familia de Rosenberg se congratularon por las detenciones y ratificaron su confianza en la Cicig y el Ministerio Público para esclarecer los móviles de la ejecución de Rosenberg, una tarea aun pendiente.

"Vemos muy positivo el trabajo de la Cicig. Esperamos que no se quede en los autores materiales, sino que continúe con los intelectuales. Nos alegra que empiece a dar frutos", indicó la presidenta de la humanitaria Fundación Myrna Mack, la activista Helen Mack. Entretanto, el coordinador de la agrupación que surgió a raíz del crimen para exigir la renuncia del gobernante en masivas concentraciones, Luis Pedro Álvarez, manifestó su beneplácito por los primeros resultados concretos en este caso. "Nos sentimos complacidos por lo que se está haciendo, y apoyaremos a la Comisión en el seguimiento de la búsqueda de los responsables intelectuales", agregó el dirigente del llamado Movimiento Cívico Nacional.

El líder de este movimiento, integrado en su mayoría por jóvenes que se comunican por redes sociales de Internet, también demandó a las autoridades proteger a los detenidos para evitar que sufran un atentado en el centro carcelario donde fueron recluidos. La petición tiene como antecedente el brutal asesinato en prisión de cuatro policías acusados de matar y carbonizar a tres diputados salvadoreños ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y su chofer, perpetrado el 19 de febrero de 2007 en la periferia este de la capital guatemalteca.

El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales Industriales y Financieras (Cacif), Jorge Montenegro, también se congratuló por los resultados positivos que está dando la participación de la Cicig en estos casos. "Esperamos que todo el caso se solucione con transparencia y que se vean avances ahora que hay capturas", auguró el presidente de la cúpula empresarial.

El mandato de la Comisión que dirige Castresana, creada para intentar acabar con la impunidad que alcanza al 98% de los crímenes cometidos en Guatemala, fue prorrogado por otros dos años por la ONU.