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  • AFP

Clarín, el mayor grupo empresario de los medios de comunicación de Argentina, y el Grupo Uno, del mismo ramo, anunciaron este domingo que cuestionarán judicialmente la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, promulgada un día antes.

“El Grupo Clarín va a recurrir a la Justicia para hacer valer sus derechos. No se trata de ganar tiempo, se trata de que realmente hay artículos que son inconstitucionales. Alguien debe reparar esto”, afirmó el director de Relaciones Externas de Clarín, Jorge Rendo.

El ejecutivo dijo que el Grupo Clarín tiene 16,000 empleados directos, y ya promovió un “retiro voluntario” en su controlada TYC, que perdió el monopolio de las transmisiones del fútbol de primera división, pero no tiene otros planes de reducción de sus planteles.

Por su parte, el empresario Daniel Vila, Presidente del Grupo Uno, dijo que se presentará ante la justicia “para impedir que se aplique (la ley), porque tiene varios artículos inconstitucionales”, y advirtió que de otro modo serían inevitables los despidos de personal.

“¿Qué pasa si en un año no vendo mi empresa?”, preguntó en forma retórica Vila, en alusión al artículo de la ley que pone límites a la concentración de licencias y señales. “Tendré que bajar la persiana, pagar las indemnizaciones y despedir gente”, respondió.

El gobierno de Cristina Kirchner promulgó el sábado la nueva norma, después de haber promovido con éxito su sanción por el Congreso en medio de un debate que excedió el ámbito legislativo, con el fin de limitar la concentración de medios audiovisuales y definir el rubro como “social y de bien público”.

La ley, resistida por parte del arco opositor y apoyada por organizaciones sociales, previene monopolios en los medios al limitar la cantidad de licencias de radio o de televisión que puede reunir una misma empresa, y exige que en un año se deshagan de las actividades que exceden los nuevos límites.

La nueva norma reemplaza a la aprobada durante la última dictadura (1976-1983) y que, según legisladores oficialistas, favorecía la concentración de los medios de comunicación en pocas manos.

La ley también avanza sobre los contenidos de la programación al establecer pautas mínimas de producción nacional tanto en programas de radio y televisión como en emisión de música.

Las bancadas opositoras criticaron la iniciativa por entender que otorga excesivo poder al Estado, y objetaron la distribución de la pauta de publicidad oficial.