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Delegados del gobierno de facto de Honduras y del depuesto Manuel Zelaya comenzaron a debatir su restitución, tras haber acordado hoy siete de los ocho puntos claves del plan que busca una salida a la crisis política, indicaron ambas partes.

"Ya empezamos a discutir el punto central y esperamos la respuesta mañana", declaró a la prensa Mayra Mejía, una de los tres negociadores de Zelaya. Mientras, la ex magistrada Vilma Morales, negociadora del gobernante de facto Roberto Micheletti, precisó: "Se avanzó un 90%, empezamos a dialogar el punto central y mañana continuamos en el planteamiento de diferentes escenarios y alternativas".

La restitución de Zelaya, depuesto en el golpe de Estado del 28 de junio y quien se refugia desde hace tres semanas en la embajada de Brasil, comenzó a debatirse bajo la presión del plazo que vence el jueves, puesto por el líder derrocado para cerrar la negociación. "Andar marcando esos tiempos, poner presiones, no sirve", expresó Morales, en tanto que Mejía señaló que "el plazo es definitivamente fatal" para llegar a un acuerdo sobre el punto medular del llamado Acuerdo de San José, plan del presidente costarricense Oscar Arias.

Las partes acordaron un gobierno de unidad, el rechazo a una amnistía, la renuncia de Zelaya a convocar una Asamblea Constituyente, el no adelanto de las elecciones del 29 de noviembre, una comisión verificadora del pacto, traspasar el mando de los militares al tribunal electoral previo a los comicios y pedir a a la comunidad internacional revocar las medidas impuestas a Honduras tras el golpe. "Somos optimistas y esperamos entregar al país un acuerdo político, jurídico aceptable", comentó por su parte el jefe de la comisión negociadora de Zelaya, el ministro de Gobernación, Víctor Meza, quien aclaró que "todos los puntos faltan mientras no se firme" el principal.

La negociación fluyó y completó siete acuerdos una vez que Zelaya cambió hoy al más radical de sus tres delegados, el líder sindical Juan Barahona, quien rechazó firmar el acta en que el mandatario renunció a cambiar la Constitución, detonante del golpe de Estado.