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El gobernante de facto de Honduras, Roberto Micheletti, afirmó esta tarde que hasta el momento no hay ningún acuerdo sobre la restitución del depuesto mandatario Manuel Zelaya, por una divergencia sobre si esa medida debe decidirla el Congreso o la Corte Suprema. "Están pidiendo que sea el Congreso el que determine si él puede regresar o no, pero éste es un asunto legal, definitivamente es la Corte Suprema de Justicia la que tiene que decidir", declaró Micheletti.

"Todavía hasta este momento no hay ninguna decisión definitiva sobre la restitución de Zelaya, pero están en la mesa interesantes alternativas sobre las cuales estamos trabajando y continuamos el conversatorio", afirmó Vilma Morales, una delegada de Micheletti en las negociaciones. En un comunicado, el gobierno de facto precisó que mañana los delegados retomarán el diálogo.

De su lado, Zelaya afirmó que está dispuesto a discutir cambios en la propuesta sobre su restitución. "Si hay cambio en el texto se vuelve a la mesa y se vuelve a discutir, démosles la facultad a las comisiones", sostuvo Zelaya.

Los negociadores de Zelaya y Micheletti anunciaron previamente que habían alcanzado un acuerdo sobre la restitución del presidente derrocado para poner fin a la crisis política que desató el golpe de Estado del 28 de junio. "Se ha consensuado un documento sobre el punto (...) relacionado con la restitución de los poderes del Estado a la situación previa del 28 de junio del 2009", declaró en rueda de prensa Víctor Meza, negociador de Zelaya.

Tras llegar al consenso, la delegación de Micheletti partió a la Presidencia para entregar la propuesta, y la de Zelaya a la embajada de Brasil, donde el mandatario derrocado está refugiado desde que llegó sorpresivamente el 21 de septiembre, al volver del exilio.

Mañana vence plazo de Zelaya
"Yo soy optimista por naturaleza", afirmó Meza, quien recordó que Zelaya puso un plazo que termina mañana a las 00H00 locales (06H00 GMT del viernes) para arribar a un acuerdo, sin precisar lo que hará en caso de que no se logre.

Ante la inminencia de una salida al conflicto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, expresó su "satisfacción" por los avances en las negociaciones y dijo que tenía esperanzas de que desemboquen en una solución. Insulza declaró que fueron desmentidos aquellos que "tenían temor de que la mesa no durara demasiado tiempo". "La mesa está funcionando en este momento", subrayó. La OEA suspendió a Honduras luego del golpe de Estado y redobló sus esfuerzos para solventar la crisis tras el retorno clandestino de Zelaya.

"Tengo una posición muy serena, porque tengo fe frente a la vida, pero tengo que desconfiar de mis adversarios" mientras no se llegue a acuerdo, afirmó más temprano Zelaya. El líder de 57 años, un ganadero que a medio mandato giró a la izquierda, aseguró que sólo aceptará su restitución si el gobierno de facto accede a que sea antes de las elecciones del 29 de noviembre. "Elecciones sin restitución del presidente constitucional sería una legitimación, un permiso para dar más golpes de Estado", comentó Zelaya, tras recordar que la comunidad internacional se niega a reconocer los comicios si son organizados bajo el régimen de facto.

Aumenta tensión
La cercanía del desenlace en Hondursas aumentó la tensión. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, llamó a las partes a "evitar distracciones en este momento crítico de las negociaciones", tras aclarar que su posición sobre la restitución de Zelaya es "estrictamente" la misma de "condena al golpe de Estado".

La restitución de Zelaya es el tema central del Acuerdo de San José, propuesto por el presidente costarricense y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, que sirvió de base a las negociaciones. Los delegados acordaron un gobierno de unidad, la renuncia de Zelaya a convocar una Asamblea Constituyente, la comisión verificadora del pacto, no adelantar las elecciones ni aplicar amnistía, traspasar el mando de los militares al tribunal electoral previo a los comicios y pedir revocatoria de las sanciones que impuso la comunidad internacional tras el golpe.

Hasta que no se llegue a firmar todo el Acuerdo de San José, en el círculo de Zelaya persiste el pesimismo. Fuera del hotel sede del diálogo, más de un centenar de manifestantes se congregaron nuevamente para ejercer presión exigiendo la restitución del mandatario, vigilados de cerca por contingentes de antimotines, que reprimen las marchas pues sigue vigente un decreto que hace dos semanas suprimió las libertades civiles.