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  • AFP

El gobierno salvadoreño diseña programas para atender a los 25,000 deportados que regresarán este año al país, un número récord, y pretende orientar a los receptores de remesas para que las inviertan en “desarrollo”.

Uno de los proyectos en los que trabaja actualmente el gobierno de Mauricio Funes es la creación de una planta de procesamiento de productos lácteos en la zona norte del país que tendrá un costo de más de 15 millones de dólares y del que se beneficiarán “más de 300 familias”, dijo un portavoz de la Cancillería.

Esta planta alentaría además la producción ganadera de una región muy pobre con fuertes tasas migratorias.

Este proyecto se sumaría a la actual construcción de una carretera con fondos de la llamada Cuenta del Milenio, proporcionados por Estados Unidos, y que conectará a más de 80 municipios de la zona norte.

Con la carretera se espera desarrollar el turismo rural y la agricultura de la región.

Esta política del nuevo gobierno salvadoreño, que asumió el pasado 1 junio, supone un radical giro a la de Ejecutivos anteriores que se limitaban a dar entre dos y cinco dólares a los deportados para que se pagaran su billete de bus a sus lugares de origen.

Y es que con el “endurecimiento” de la política migratoria en Estados Unidos, las autoridades salvadoreñas se preparan para deportaciones continuadas, reconoció el vicecanciller para salvadoreños en el exterior, Juan José García.

El Salvador se ha convertido en el principal “exportador” de migrantes indocumentados a Estados Unidos, por delante de Honduras, que hasta hace poco encabezaba la lista.