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  • AFP

Al menos 40 personas detenidas por "peligrosidad social", agresiones constantes a disidentes y duras condiciones carcelarias son parte de las violaciones de los derechos humanos en la Cuba de Raúl Castro, según un informe divulgado hoy por Human Rights Watch. Estados Unidos, cuyo embargo contra la isla probó ser ineficaz, debería buscar una alianza con la Unión Europea, América Latina y Canadá para decidir sanciones comunes y darle al régimen castrista seis meses para que libere a todos los prisioneros políticos, sugirió el informe.

El informe "Un nuevo Castro, la misma Cuba" detalla un estado de miedo permanente entre todos los activistas políticos o religiosos, incluso entre los que buscan ganarse la vida de forma autónoma, en un contexto de miseria creciente. "A pesar de significativos obstáculos para la investigación, Human Rights Watch, HRW, documentó más de 40 casos en los cuales Cuba encarceló a individuos por 'peligrosidad', al querer ejercer sus derechos fundamentales", explica el informe presentado en Washington.

El informe "demuestra que el gobierno utiliza particularmente la cláusula de 'peligrosidad social'", que autoriza la detención antes de que el individuo haya cometido el delito", explicó en rueda de prensa José Miguel Vivanco, director de la división América de HRW.

Primer informe de violaciones a los DDHH en el gobierno de Raúl
El informe fue elaborado clandestinamente, con encuentros con unas 60 personas, explica HRW. Es el primer informe exhaustivo de violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de Raúl Castro, que llegó al poder en julio de 2006 por la grave enfermedad de su hermano Fidel, explica la organización no gubernamental estadounidense. A pesar de las vagas promesas iniciales de mayor apertura, Raúl Castro "mantiene firmemente la maquinaria represiva", denuncian los autores. "El gobierno de Raúl Castro ha utilizado leyes draconianas y juicios montados para encarcelar a decenas que se atrevieron a ejercer sus libertades fundamentales", explicó.

A principios de año, y en medio de una aguda crisis, el régimen lanzó la llamada "Operación Victoria", bajo la cual docenas de jóvenes fueron acusados y detenidos simplemente por no tener empleo. El informe detalla casos como el de Ramón Velázquez Torazo, que en diciembre de 2006 inició una marcha a pie por la isla acompañado de su esposa, Bárbara, y su hija Rufina, de 18 años.

Exigían la liberación de los detenidos políticos, durmiendo en las carreteras o en domicilios privados. Pronto empezaron a ser perseguidos por grupos de "reacción rápida" que los insultaron y asediaron de forma constante. En enero de 2007 los tres fueron detenidos en Camagüey y Ramón Velázques fue encarcelado por "peligrosidad social", ya que no tenía un trabajo. El juicio duró menos de una hora y el activista fue condenado a 3 años de cárcel. Su mujer sufrió una grave depresión y la hija, tras intentar continuar con la causa, acabó exiliándose en Estados Unidos, según la organización.

Activistas políticos en celdas de reclusos con tuberculosis
Human Rights Watch, mediante testimonios y documentos en su poder, afirma que el régimen cubano ha llegado a trasladar a activistas políticos a celdas donde se hacinan decenas de delincuentes con tuberculosis. Los tres casos conocidos por la organización "sugieren un esfuerzo deliberado por parte de las autoridades de exponer prisioneros políticos a una enfermedad altamente contagiosa y potencialmente mortal", afirma el texto.

Tras décadas de embargo, el gobierno presidido por Barack Obama debería cambiar de táctica con "formas más efectivas de presión", sugiere HRW. La comunidad internacional debería conceder al gobierno de Raúl Castro "seis meses para que cumpla con sus demandas" de liberar a todos los presos políticos, añade.

Aunque el embargo fue un error "finalmente es el gobierno de Raúl Castro el que tiene la responsabilidad de esos abusos y el que tiene el poder para ponerles fin", y no lo hará sin presiones, concluye el texto.