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  • AFP

El jefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero calificó esta noche de "lamentables" e "inaceptables" las declaraciones del canciller venezolano Nicolás Maduro atacando a un juez español y al ex jefe del gobierno José María Aznar.

Maduro había acusado durante el fin de semana al juez español Eloy Velasco, quien señaló que ETA y las FARC contaron con la "cooperación" del gobierno venezolano, de estar vinculado a "la mafia de (el ex jefe del gobierno español, José María) Aznar".

"Esta es la acción de un juez vinculado a la mafia de Aznar, en España así lo conocen", expresó Maduro sobre el magistrado. "Es un juez que ha trabajado para el (español) Partido Popular (PP), que es el partido de la derecha, que tiene sectores ultraderechistas, que tiene sectores ultra-reaccionarios vinculados al pasado franquista, son los hijos directos del franquismo", agregó el canciller venezolano.

Estas declaraciones son "lamentables" e "inaceptables", declaró Zapatero a la televisión pública española TVE, pidiendo al gobierno venezolano "respeto por las instituciones judiciales y el presidente Aznar".

Las declaraciones de Maduro se produjeron poco antes de que Madrid y Caracas publicaran el sábado un comunicado reafirmando su voluntad de luchar conjuntamente contra el terrorismo y en la que Venezuela rechazó toda "supuesta colaboración" con ETA. Zapatero manifestó que espera que los dos países trabajen juntos sobre este caso.

Piden respeto por jueces y Tribunal Supremo español
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, órgano de gobierno de los jueces españoles, pidió hoy "el máximo respeto, nacional e internacional", hacia los magistrados españoles, tras las declaraciones por los sumarios sobre ETA y Venezuela, y sobre Baltasar Garzón. El CGPJ, "desde la más absoluta defensa de la libertad de expresión, exige también el máximo respeto, nacional e internacional, hacia la independencia y la función jurisdiccional de los jueces y tribunales españoles", reclamó.

El Consejo difundió esta declaración "en relación con las informaciones, comentarios y opiniones que, en los últimos días, vienen produciéndose relativos a determinadas actuaciones judiciales que se siguen en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional", explicó.

Se refería a Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional --principal instancia judicial española-- que el lunes pasado procesó a 13 miembros de la organización independentista armada vasca ETA y de la guerrilla colombiana de la FARC en un auto en que denunció que la colaboración entre ambas contó con la "cooperación gubernamental" venezolana.

El órgano de gobierno de los jueces también se refirió al Tribunal Supremo. Uno de sus jueces, Luciano Varela, estimó en febrero que existen "indicios de presunto delito de prevaricación", es decir, dictar una resolución injusta, a sabiendas de que lo es, en la actuación del juez Baltasar Garzón por investigar las desapariciones de la Guerra Civil "a sabiendas de que no era competente".

Garzón comenzó a investigar en 2008 la suerte de más de 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y el posterior franquismo alegando que el delito de "detención ilegal", "en el contexto de crímenes contra la humanidad", es "permanente". Ayer, Zapatero, defendió la labor de Garzón contra ETA y alabó su "valentía".

El CGPJ estimó "indispensable que los comentarios que se refieran a actuaciones judiciales, sobre todo cuando procedan de responsables políticos, se realicen desde las coordenadas de máximo respeto institucional (...) sin tratar de influir en los procedimientos judiciales. Asimismo consideró que las "manifestaciones que produzcan un inmerecido efecto deslegitimador de la labor de los jueces" no ayudan a su trabajo.

El sindicato Manos Limpias, calificado de ultraderechista por los medios españoles, se querelló contra Garzón, de 54 años, conocido internacionalmente por su defensa de la justicia universal y por lograr la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998, alegando que no era competente.

La fiscalía española se oponía a la investigación de Garzón amparándose en una ley de amnistía, y el juez renunció a ella y trasladó la causa a juzgados territoriales.