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  • AFP

Familiares de unas 20 personas fallecidas demandarán a los funcionarios del Estado chileno que no alertaron a tiempo e incluso descartaron la llegada de un tsunami a las costas el pasado 27 de febrero, tras el fuerte terremoto de magnitud 8,8 que provocó cientos de muertos.

"Hasta el momento he tomado contacto con familiares de al menos unas 20 víctimas de distintas partes del país golpeadas por el tsunami. Con ellos vamos a estudiar el tipo de acciones legales que tomaremos", afirmó el abogado Alfredo Morgado, quien asumirá el caso.

Los primeros en demandar fueron dos hombres que junto a sus esposas pasaban sus vacaciones en el puerto sureño de Dichato, y huyeron a los cerros tras el terremoto de 8,8 grados del 27 de febrero, bajo el entendido de que podría llegar pronto un tsunami. No obstante, tras escuchar por una radio un comunicado de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) y declaraciones de la entonces presidenta, Michelle Bachelet, que descartaban el tsunami, los cuatro volvieron a la casa. Luego vino la gran ola y mató a las dos mujeres, según señalan en la demanda.

Animados por esta medida, familias de fallecidos durante esta tragedia, contactaron al abogado Morgado para solicitar la sanción a quienes resulten responsables de lo que consideran una negligencia. Entre estas figuran personas de las zonas de Dichato, Curanipe, Constitución y de la Isla Juan Fernández.

"Estas personas escucharon en la radio a su máxima autoridad, la (entonces presidenta Michelle Bachelet), diciendo que no hay riesgo de tsunami, entonces vuelven a las costas", explicó Morgado. "Se dijo clara y categóricamente a la gente que podía regresar a sus casas, que no había riesgo de tsunami, y desde esa perspectiva la gente que estaba encumbrada en los cerros, creyó en la autoridad, creyó en los expertos en la materia, y precisamente porque creyeron es que hoy en día enfrentamos resultado de muerte", sostuvo el abogado.

"La gente confía en sus autoridades. La gente cree y vuelve. Se trata de la máxima autoridad de la República, de funcionarios con protocolos y altos estándares de preparación, acceso a tecnología y a oficinas de emergencia de distintos puntos del planeta, frente a ciudadanos que, en medio del drama y la congoja, confían", añadió. "Si no hubieran dicho nada, la gente se habría quedado arriba, en los cerros. Una cosa es la desinformación y otra es la falsa información, que es lo que mueve a la gente al error y los compele a volver".

Emilio Carreño, quien trabaja con Morgado en las demandas, aclaró que "la demanda es contra personas naturales y no contra el Estado". La denuncia es por cuasidelito de homicidio (un acto de negligencia, que no tiene dolo pero sí culpa), contra quienes resulten responsables. "Será el Ministerio Público el que determine las responsabilidades", señaló Morgado.

Varias autoridades chilenas reconocieron fallas durante el procedimiento de alerta de tsunami la madrugada del 27 de febrero pasado tras el sismo de magnitud 8,8, y de hecho este tema ya provocó la dimisión del director del Servicio Oceanográfico de la Armada (SHOA), Edmundo González, y de la directora de la Onemi, Carmen Fernández.

La Fiscalía chilena investiga de oficio lo ocurrido en los servicios de información de emergencias y catástrofes, que fallaron en alertar a la población por el tsunami y debe determinar los responsables de esta situación.