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  • AFP

La liberación entre el domingo y el próximo martes de dos rehenes de la guerrilla de las FARC, uno de ellos con más de doce años de cautiverio, ha replanteado en Colombia el debate sobre un canje humanitario entre secuestrados y rebeldes encarcelados, a dos meses de las presidenciales.

Al entregar el domingo a una misión humanitaria al soldado Josué Daniel Calvo, de 22 años, las FARC subrayaron que esta liberación y la del cabo Pablo Emilio Moncayo, su rehén más antiguo, serán las últimas unilaterales y solicitaron emprender un canje humanitario entre los 21 policías y militares que quedarán en su poder y 500 de sus guerrilleros presos.

Sobre ese punto, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), integrante de la misión humanitaria, aseveró en un comunicado que "no escatimará esfuerzos para dar con todos los mecanismos posibles que faciliten la pronta liberación de más rehenes, así como de otras personas privadas de libertad".

Poco después, el presidente Alvaro Uribe respondió que su gobierno sólo autorizará un intercambio de rehenes por guerrilleros presos si los excarcelados se comprometen a "no volver a delinquir", y los candidatos, con matices, pidieron la liberación incondicional.

¿Debate fortalece a la guerrilla?
El canje humanitario, que las FARC ya han planteado en otras ocasiones, ocurre en plena campaña electoral para las presidenciales, cuya primera vuelta se realizará el 30 de mayo, desatando una polémica sobre si debatirlo fortalece a la guerrilla.

Para el politólogo Alejo Vargas, de la Universidad Nacional, el intercambio humanitario "no debería ser tema de la campaña electoral, porque le envía un mensaje equivocado a las FARC". "Es algo de lo que se debe ocupar el Estado y debería haber un gran acuerdo entre quienes están del lado del Estado para que algo tan sensible no se trate con despejes militares o shows", señaló Vargas.

Pero Olga Gómez, directora de la ONG País Libre, dedicada al tema del secuestro, opinó que aunque "el canje es una propuesta a la que la guerrilla recurre constantemente y ha perdido credibilidad", el problema de los rehenes "no se debe perder de la agenda pública". "Vemos cómo el secuestro, que es un delito grave ante la justicia internacional, permanece en el tiempo. Nuestra propuesta es que haya una liberación unilateral sin propaganda política, pero en un asunto tan complejo no se puede descartar ninguna opción", apuntó Gómez. "Lo difícil con el secuestro es que hay muy pocas opciones", añadió.

En tanto, Alvaro Villarraga, presidente de la Fundación Cultura Democrática, sostuvo que pese a que "siempre se ha tratado de evitar la politización del secuestro, su realce en la agenda pública es oportuno". "El próximo gobierno (que asumirá el 7 de agosto) tendrá que ocuparse necesariamente del asunto de los secuestrados. Además, la agenda humanitaria es más amplia y tiene que ver con los desplazados, su retorno, los nuevos grupos ilegales rearmados, los ataques desproporcionados de la guerrilla, y más de fondo la paz", indicó Villarraga. "Hay que asumir el debate público de la paz, de la solución del conflicto de Colombia que no ha terminado, y ello no entra en contradicción con la exigencia perentoria de que cesen los secuestros", afirmó.

Luego de que se logre la liberación de Moncayo quedarán cautivos de las FARC 21 policías y militares y un número indeterminado de civiles, en su mayoría secuestrados por motivos económicos.

Pese a que País Libre reconoce "avances muy significativos" en la reducción de los secuestros en Colombia, cuestiona el manejo de cifras oficiales en los años recientes. "Según las cifras oficiales, en 2007 había 2.800 cautivos y en 2010 apenas 79. ¿Cómo se explica ese cambio?, se preguntó Gómez. "Hay que evaluar la propuesta del canje, pero a la vez preguntarse ¿qué pasará con los que no estén dentro del acuerdo? El secuestro es terrible porque da poder sobre la vida y la muerte", concluyó.