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  • AFP

La Iglesia católica costarricense quiere negociar un tratado para regular la relación con el Estado, en el que se definan exenciones, administración de bienes, educación y asistencia social, informó hoy el diario La Nación.

Además de recibir directamente parte del dinero que los contribuyentes pagan en impuestos, las autoridades eclesiásticas pretenden afianzar sus espacios en la educación pública y las garantías a instituciones católicas, además de mantener vigentes los tribunales de la Iglesia, en particular, para asuntos matrimoniales, señala el diario.

El arzobispo de San José, monseñor Hugo Barrantes, ha reconocido su deseo de dar un marco jurídico a toda la relación entre la Iglesia Católica y el Estado costarricense, cuya religión oficial es precisamente la que emana del Vaticano. Según el religioso, el Estado debe reconocer la labor social que realiza la Iglesia, su aporte en el desarrollo histórico del país y el carácter católico del 72% de la población, según sus propios datos.

La diputada electa Viviana Martín, que asumirá junto con la nueva Asamblea el 1 de mayo, ha sido encargada por la presidenta electa, Laura Chinchilla, de coordinar las relaciones entre Iglesia y Estado con el nuevo gobierno que se instalará el 8 de mayo.

Aunque el proyecto de "concordato" lo impulsan los obispos costarricenses, en caso de prosperar debería ser firmado por El Vaticano y Costa Rica, en el marco de la Convención de Viena, que rige las relaciones entre los Estados y requeriría la ratificación legislativa.

Actualmente las relaciones se rigen por las costumbres, decretos y otros documentos legales dispersos.