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  • AFP

El juez español Baltasar Garzón será juzgado por haber investigado sobre los desaparecidos de la Guerra Civil española y la represión posterior de la dictadura franquista (1936-1975) sin presuntamente tener competencia para ello y obviando una ley de amnistía general de 1977. El juez del Tribunal Supremo (TS) Luciano Varela decidió abrir el procedimiento para juzgar a Garzón, objeto de una demanda de varias organizaciones consideradas de ultraderecha, por su investigación de los crímenes del franquismo, informaron hoy fuentes judiciales.

"Resulta poco cuestionable la probabilidad de que Garzón haya perpetrado los hechos de este proceso", afirmó Varela, en su decisión hecha pública hoy. "Consciente de su falta de competencia (...) construyó una artificiosa argumentación para justificar su control del procedimiento penal", añadió Varela, asegurando que "ha lugar a proceder contra Baltasar Garzón por un delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es)".

Tras esta decisión, que abre la puerta a una suspensión de Garzón, los querellantes tienen un plazo de diez días para presentar sus escritos de acusación contra el juez de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española).

Desde mayo de 2009, tres entidades minoritarias consideradas de ultraderecha -el sindicato Manos Limpias, la formación ultraderechista Falange Española de la JONS y la asociación "Libertad e identidad"- presentaron denuncias contra Garzón.

Manos Limpias celebra decisión judicial
El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, se congratuló por la decisión judicial y pidió la suspensión inmediata de Garzón. "Mañana mismo si el Consejo (General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces españoles) tiene el auto del juez (Varela), automáticamente tendría que producirse una reunión de la comisión permanente y (Garzón) debería ser suspendido de empleo hasta la celebración del juicio", apuntó Bernad.

"No se trata de un debate político. Se ha tratado de desviar la atención diciendo que al juez se le va a juzgar por iniciar un proceso contra el franquismo. Esto es absolutamente falso", añadió Bernad, destacando que se le juzga por "prevaricación". Desde el gobierno, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño se limitó a expresar su "máximo respeto al poder judicial" y afirmar que "creo en la presunción de inocencia, mientras no se demuestre lo contrario, de todas las personas encausadas, también cuando estas son jueces".

Las acusaciones se basan en la decisión de Garzón de octubre de 2008 de investigar la suerte de más de 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil española (1936-1939) y de los primeros años del franquismo. En un auto de febrero, el juez Varela ya había reprochado a Garzón realizar una instrucción sin tener competencias, atribuyendo a personas fallecidas delitos que habían prescrito y estaban amnistiados (por una ley de 1977). De esta manera, el magistrado que dio impulso a los procesos judiciales contra autores de crímenes de lesa humanidad en Latinoamérica, podría verse condenado por su instrucción de una causa similar en su país.

Garzón tiene en su haber la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998 y la investigación de crímenes de las dictaduras argentina (1976-1983) y chilena (1973-1990). El juez Garzón defendió en su momento para abrir la causa sobre los desaparecidos en España que el delito de "detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad" es "permanente".

La decisión de Varela ha sido criticada por asociaciones de víctimas y defensores de derechos humanos.