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TEGUCIGALPA /ACAN-EFE

El político hondureño Roland Valenzuela, quien fue funcionario del Gobierno de Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009, fue asesinado en el bar de un
hotel del norte del país, tras una “acalorada discusión” con un hombre, informó ayer miércoles la Policía.

El hecho se registró anoche cerca de los sanitarios de un bar de un hotel de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país centroamericano, indicó la misma fuente a periodistas.

Agregó que Valenzuela murió de un disparo en la cabeza, que al parecer le infirió “un hombre con el que tuvo una acalorada discusión”.

“Se está investigando el hecho y esperamos contar con las imágenes de televisión que podría tener registradas el hotel”,señaló el informante.

Según versiones de medios locales, atribuidas al fiscal Marco Cartagena, Valenzuela compartía con otro hombre, cuando llegó un empresario que la Policía identificó como Carlos Yacamán, con quien se dio una discusión relacionada con dinero.

Valenzuela pudo haber sido atacado cuando se dirigía a los sanitarios del bar donde se produjo el hecho violento.

El fallecido era miembro del opositor Partido Liberal y fue director del Programa Nacional de Desarrollo Sostenible (PRONADERS) durante el Gobierno de Zelaya.


CIDH condena
asesinato de periodista
En otro orden, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó ayer el asesinato del periodista Luis Arturo Mondragón en Honduras y exhortó al Gobierno de ese país a tomar medidas urgentes frente a la indefensión de la prensa hondureña.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que forma parte de la CIDH, se pronunció así en un comunicado, en el que alertó de “la grave situación de indefensión y vulnerabilidad de la prensa” en Honduras.

El periodista hondureño fue asesinado por dos desconocidos en la oriental ciudad de Danlí el pasado lunes, según informó el portavoz de la Policía, Leonel Sauceda.

Con él, son ocho los comunicadores que mueren de manera violenta en Honduras en lo que va de 2010.

La Relatoría Especial instó “de manera urgente” al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir estos crímenes, proteger a los periodistas en riesgo y avanzar “de manera pronta y decidida” en las investigaciones correspondientes.

Además, el organismo expresó su “profunda preocupación” por el hecho de que aún no se conozca resultado alguno de las investigaciones, ni, si los asesinatos tienen relación con la práctica de su profesión como periodistas”.