•   BUENOS AIRES / EFE  |
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Un miembro de la familia Graiver, antigua propietaria de Papel Prensa, refutó ayer las denuncias del Gobierno argentino sobre la ilegalidad de la venta de la papelera a los diarios Clarín y La Nación, los de mayor tirada del país, durante la última dictadura militar (1976-1983).

“Realizamos las ventas de bienes de nuestros activos en las mejores condiciones que pudimos obtener, sin amenazas ni extorsiones y en libertad”, afirmó en un aviso publicado hoy Isidro Graiver, quien se encargó de llevar adelante la operación a fines de 1976.

Isidro Graiver, hermano del banquero David Graiver, dueño del grupo homónimo muerto en un accidente aeronáutico en agosto de 1976, apuntó que fue secuestrado y llevado a una cárcel clandestina el 15 de marzo de 1977, mientras que la venta de la papelera se concretó el 2 de noviembre de 1976.

“El simple cotejo de las fechas mencionadas me exime de cualquier comentario”, indicó.

“No hubo delitos”

El aviso fue publicado por Clarín y La Nación junto con un acta notarial en la que Isidro Graiver atestigua que no hubo delitos en la venta de Papel Prensa y otro documento legal en el que María Sol Graiver, hija del banquero fallecido, afirma que no tiene nada que reclamar contra los periódicos.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, presentó el martes un informe oficial que sostiene que hubo “ilegalidades” en la venta de la papelera, en la que el Estado es accionista mayoritario, y que da a entender que la operación se realizó bajo amenazas del régimen militar a Lidia Papaleo de Graiver, viuda del banquero, y su hija.

Luego de indicar que el informe será presentado a la Justicia como base de una denuncia penal contra los accionistas privados de Papel Prensa, la mandataria señaló que propondrá al Parlamento una ley que declare de interés público a la fabricación de papel de diario para que el Estado pueda regular su producción, venta y distribución.

La dictadura militar apresó en 1977 a Lidia Papaleo y otros miembros de la familia Graiver, a quienes les incautó sus bienes bajo el cargo de que el grupo Graiver administraba dinero de Montoneros, guerrilla formada por grupos nacionalistas de izquierda del Partido Justicialista (peronista).

Isidoro Graiver recordó en su aviso que en diciembre de 1985, el gobierno democrático de Raúl Alfonsín “indemnizó” a la familia “por todos los activos apropiados por el Estado ilegítimamente (incluyendo los fondos pagados por los compradores de Papel Prensa)”.

“Es mi deseo consignar que debimos resignar buena parte de nuestro reclamo en aras de finalizar un ciclo, así como destacar la honestidad de nuestros interlocutores”, apuntó.

“No tengo ni he tenido intención alguna de reclamar, ni patrimonial ni moralmente, a los compradores de Papel Prensa, siendo mi intención dar por concluida mi vinculación a este tema del que me encuentro totalmente ajeno”, afirmó.

El capital de Papel Prensa se reparte entre el grupo Clarín (49%), el Estado (27,46% en forma directa y 0,62% a través de la agencia oficial Télam) y La Nación (22,49%), con un 0,43% en manos de terceros.

Las principales fuerzas políticas de la oposición acusaron al Gobierno de Fernández de “falsear” la historia de Papel Prensa con el fin de “construir un poder autoritario, hegemónico, avasallador”, según indicaron en un comunicado poco después de los anuncios de la mandataria.

El informe que el Gobierno presentará a la Justicia contiene “pruebas irrefutables sobre la apropiación ilegal de la empresa Papel Prensa S.A por parte de los actuales grupos controlantes del sector privado”, los diarios Clarín y La Nación, dijo el martes Alberto González Arzac, consejero del Estado en el directorio de la empresa.