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  • EFE

El Parlamento salvadoreño aprobó una ley que penaliza la participación en pandillas y grupos de exterminio, así como una modificación del Código Penal que subió las penas por integrar o dirigir esos grupos hasta 10 años de cárcel.

Después de casi dos meses de discusiones, 78 de los 84 integrantes de la Asamblea Legislativa avalaron durante la sesión plenaria de hoy la "Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal" promovida por el Ejecutivo. "Son ilegales y quedan proscritas las llamadas pandillas o maras tales como la autodenominada Mara Salvatrucha, MS-trece, Pandilla Dieciocho, Mara Máquina, Mara Mao Mao y las agrupaciones, asociaciones u organizaciones criminales tales como la autodenominada Sombra Negra; por lo que se prohíbe la existencia, legalización, financiamiento y apoyo de las mismas", reza la ley.

La normativa, de once artículos, penaliza, igualmente, "las diferentes pandillas o maras y agrupaciones, asociaciones u organizaciones criminales, sin importar la denominación que adopten o aunque no asumieren ninguna identidad".

Para el caso de los menores de edad, establece que "se procederá con lo establecido en las leyes de la materia" y se notificará a la Procuraduría. También prevé "la extinción de la titularidad, dominio, posesión o tenencia" de los bienes muebles e inmuebles, dinero en efectivo, derechos, ganancias y ventajas que se hayan adquirido como parte de esa actividad delictiva. A la vez que faculta a la Fiscalía General o al juez competente para que, en casos de urgente necesidad, se ordene la inmovilización de las cuentas bancarias o la incautación, secuestro o embargo preventivo de bienes, productos o instrumentos relacionados con estos delitos.

Por otra parte, se aprobó con el apoyo de 66 diputados una reforma al Código Penal, según la cual se sancionará con penas de prisión de "cuatro a seis años" a quien tome parte de una "agrupación, asociación u organización ilícita". Mientras que los "organizadores, jefes, dirigentes o cabecillas serán sancionados con prisión de "siete a diez años".

El decreto describe como "ilícitas las agrupaciones, asociaciones u organizaciones temporales o permanentes integradas por tres o más personas que posean algún tipo de organización, cuyo objetivo o uno de ellos sea la comisión de delitos".

Las autoridades salvadoreñas calculan que las pandillas cuentan con unos 28.000 integrantes, que podrían incluso residir en el extranjero, y que esos grupos perciben mensualmente unos 800.000 dólares por extorsiones.