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  • AFP

Tras casi ocho años sin funcionar debido a un vacío jurídico, trabajadores del sistema penitenciario guatemalteco comenzaron a remodelar y verificar el funcionamiento de los aparatos utilizados en el módulo letal, luego que el Congreso diera luz verde a la pena capital.

Cuando en el año 2000 el Congreso de Guatemala derogó la figura del indulto presidencial, las ejecuciones quedaron suspendidas. Pero el pasado martes, el actual Parlamento revocó el acuerdo y restituyó ese privilegio al mandatario.

Actualmente, 21 reos aguardan en el corredor de la muerte y en los próximos días el presidente Álvaro Colom comenzará a recibir las peticiones de indulto.

Otros 11 reos condenados fueron beneficiados, en los últimos ocho años, por fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que les conmutó la pena de muerte por prisión, la cual se aplica contra asesinos con agravantes y secuestradores cuando muere la víctima.

En Guatemala, se aplica la inyección letal con tres clases de químicos que provocan la muerte en pocos minutos: el primero es una droga anestésica (dormicum), el segundo provoca un paro respiratorio y nervioso (cloruro de potasio) y el tercero, paraliza la función del corazón (penthotal).

Esta semana trabajadores pintaron el módulo, repararon drenajes, la red eléctrica y la tubería del agua, informó el jefe del Departamento de Infraestructura del sistema penitenciario, Jorge Villatoro.

En la llamada capilla ardiente del módulo letal, ubicado en la Granja Penal Pavón, unos 25 km al este de la capital, reza una inscripción: "Que Dios guarde mi alma", escrita por uno de los últimos dos reos ejecutados por medio de la inyección, el 29 de junio del 2000.

El recluso Manuel Martínez fue el primero en ser ejecutado por este procedimiento, el 10 de febrero de 1998, por la masacre de siete miembros de una familia.

Antes, en Guatemala el método aplicado era el fusilamiento, el cual fue eliminado en 1996 después que un pelotón ejecutó a Roberto Girón y Pedro Castillo, convictos de secuestro.

El restablecimiento de la pena de muerte generó polémica en el país debido al rechazo de organizaciones humanitarias y por el apoyo de sectores conservadores y empresariales, quienes la consideran un método disuasivo para contrarrestar los índices de violencia que afectan a esta nación.

Un sondeo del diario Prensa Libre publicado esta semana indicó que 97,4% de los 8.842 guatemaltecos consultados le dieron el visto bueno a la pena capital.