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La suerte del polémico proyecto minero “Las Crucitas”, que desarrolla una empresa canadiense en el norte de Costa Rica, será decidida a partir del próximo lunes por la justicia, en un proceso que despierta gran expectativa, porque definirá la legalidad o no de la concesión.

El proceso judicial, que se acerca a su fin, es el último capítulo de una prolongada batalla legal entre el Movimiento Ecologista y la compañía “Infinito Gold”, de capital canadiense, que inició las exploraciones en 1993, y a la fecha no ha podido iniciar las actividades extractivas.

El proyecto ha sido detenido en varias oportunidades por las autoridades administrativas y judiciales y, más recientemente, fue congelado por el mismo tribunal contencioso administrativo, mientras concluye el actual proceso judicial.

El abogado y activista ambiental Jorge Mora dijo a la AFP, que “el eje del debate será la ilegalidad de la concesión otorgada a la empresa (en 2001)” para explotar cerca de un millón de onzas de oro a cielo abierto en “Las Crucitas”, una localidad a pocos kilómetros de la frontera con Nicaragua.

También estará en discusión la procedencia de un Decreto de Viabilidad Ambiental, otorgado en favor del proyecto minero en 2005, y otro emitido en 2008 por el anterior gobierno, del ex presidente Oscar Arias, que lo declaró “de conveniencia nacional”.

Para el juicio oral y público, que se prolongará hasta el viernes, las partes han ofrecido el testimonio de 29 expertos.

Tras el fallo del tribunal, cualquiera que sea la decisión, es posible que una o las dos partes apelen ante una instancia de casación, que tendría la última palabra en el litigio.

El Movimiento Ambientalista de Costa Rica se opone al proyecto, porque implica la destrucción de 190 hectáreas de un bosque tropical seco que, según especialistas, es el hábitat de numerosas especies animales y vegetales, algunas de ellas en vías de extinción.

El almendro amarillo, un árbol de cotizada madera, ya muy escaso, así como la lapa verde (un tipo de guacamayo), son dos de las especies que habitan este bosque, parte del cual ya fue talado por la compañía.

Además, los ecologistas advierten que el cianuro y otros químicos altamente tóxicos utilizados en el proceso de extracción del oro, representan un serio riesgo de contaminación para las cuencas hidrográficas de la zona, incluida la del caudaloso Río San Juan, que delimita gran parte de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica.

Recientemente, el máximo tribunal constitucional del país, la denominada Sala Cuarta, determinó que no existen inconstitucionalidades en la concesión otorgada a “Infinito Gold”, que a su juicio ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley.

Sin embargo, los magistrados advirtieron que las políticas en materia de minería son de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, el cual está facultado para aprobar o no los proyectos, e incluso cancelar las concesiones otorgadas, previo pago de las indemnizaciones que correspondan.

La Presidenta Laura Chinchilla que emitió un Decreto de Moratoria a la minería desde el pasado 8 de mayo, fecha en que asumió el poder, reaccionó a la sentencia judicial diciendo que, a pesar de su rechazo a la minería a cielo abierto, no es posible cancelar la concesión a esta compañía canadiense porque tendría un alto costo para el país.

El Vicepresidente de la República, Alfio Piva, estimó que la indemnización rondaría los 1,700 millones de dólares, lo que ha sido rebatido por las organizaciones ambientalistas.

Sin embargo, Chinchilla aseguró que si los jueces determinan que la concesión fue otorgada ilegalmente, su Gobierno buscaría los recursos para indemnizar a la compañía y cerrar el último reducto minero del país.