•   QUITO  |
  •  |
  •  |
  • AFP

Una semana después de la rebelión de policías en Ecuador, que la OEA y el presidente Rafael Correa denunciaron como un intento de golpe de Estado, los juicios contra los supuestos responsables comenzaron con la detención de 13 uniformados y un político.

Una jueza ordenó prisión preventiva contra 13 policías, medida que también afecta al ex militar y político Fidel Araujo, cercano al ex mandatario Lucio Gutiérrez, a quien Correa culpa de la intentona golpista que dejó diez muertos y 274 heridos. Durante una audiencia de formulación de cargos, la juez también sustituyó el arresto a 20 agentes por medidas alternativas y dejó libres sin imputación a dos, según la Fiscalía, que investiga a un grupo de militares que tomó la pista del aeropuerto de Quito durante los desórdenes. Otros once uniformados están prófugos desde el martes, cuando la Fiscalía ordenó la captura de un total de 46.

Los policías y Araujo -acusado de incitar a la revuelta- permanecerán detenidos durante los tres meses que demorará la instrucción de la Fiscalía, explicó el fiscal Marco Freire. Los agentes se sublevaron para exigir la derogatoria de una ley -en vigencia desde el lunes- que eliminó bonificaciones para la fuerza pública, llegando a retener durante varias horas al presidente socialista, que fue rescatado en un violento operativo militar en una clínica.

Para mañana está previsto que termine el estado de excepción declarado hace una semana, por el cual los militares asumieron tareas de la Policía.

Correa, en el poder desde 2007 y reelegido hasta 2013, denunció que la insurrección quiso ser aprovechada por opositores para derrocarlo, pero Gutiérrez y otros detractores negaron la versión del mandatario sobre el secuestro y la tentativa de golpe y asesinato. Sin embargo, grabaciones de la central de radio de la Policía revelaron que supuestos agentes instigaban a matar al gobernante y afirmaban que no le permitirían salir del hospital -donde se refugió tras ser agredido- mientras no derogara la ley.

La rebelión fue apoyada por congresistas como la indígena Lourdes Tibán y el político Carlos Vera -que promueve un referendo para revocar el mandato de Correa-, mientras que el también legislador Gilmar Gutiérrez, hermano de Lucio Gutiérrez, planteó una amnistía para los insurrectos en medio de la revuelta. El ex gobernante, derrocado en 2005 y que ayer regresó a Quito desde Brasil donde fue observador en las presidenciales del domingo, volvió a negar la acusación en su contra y anunció una demanda contra Correa por "daño moral".

Legislativo reanuda sesiones
En un ambiente caldeado por el cruce de versiones, el Legislativo controlado por el oficialismo reanudó sus sesiones, tras ser tomado por policías durante la sublevación. Entretanto, el canciller Ricardo Patiño reiteró la denuncia de Correa sobre la existencia de un presunto escuadrón paramilitar autodenominado Grupo Armado Policial (GAP), que habría participado en la insubordinación.

"Hay un grupo que se llama GAP y son grupos que aparentemente estarían formándose, grupos paramilitares; esto sería terrible para la seguridad de la sociedad ecuatoriana", declaró el ministro a la televisión pública. Patiño también llamó a cuidar la democracia de América Latina, tras el alerta del secretario general de la OEA de que intentonas golpistas como la que enfrentó Correa podrían repetirse en la región.

Últimos Comentarios
blog comments powered by Disqus