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El estado de Chihuahua, en el norte de México, uno de los sitios más peligrosos para la prensa del país, decretó cadena perpetua para asesinos de periodistas como una medida de disuasión que ONGs y medios ven ineficaz si no se hace más contra la impunidad de los agresores.

“Es un paso muy interesante. Pero no ayuda mucho que haya penas muy fuertes si no hay investigaciones, si no hay culpables. Y no los hay”, argumentó a la AFP Mike O’Connor, representante en México del Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York.

Tan sólo en Chihuahua, fronterizo con Texas y al que pertenece la convulsa Ciudad Juárez, 12 reporteros han sido asesinados desde 1991 y ningún agresor ha recibido condena, según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Por todos esos crímenes únicamente hay un detenido, de acuerdo con la SIP, con sede en Miami.

Se trata de un sospechoso del homicidio del reportero de El Diario de Juárez Armando Rodríguez en 2008, pero existen serias dudas sobre su implicación real y sus familiares denuncian que fue torturado para arrancarle una confesión.

La reciente detención “nos despierta mucha suspicacia”, admitió a la AFP Pedro Torres, subdirector de El Diario de Juárez, que también sufrió en septiembre el asesinato de uno de sus fotógrafos, de 21 años.

“Nosotros vemos la cadena perpetua como una buena señal por parte del gobierno. Pero a ella se debe sumar que se integren bien los expedientes y que hayan investigaciones para que los detenidos sean realmente los culpables”, reclamó Torres.

Manos arriba

Los atentados contra periodistas en México se dispararon en 2008 con 10 reporteros asesinados y 12 más en 2009, de acuerdo con la oficial Comisión de Derechos Humanos. En lo que va del año suman al menos 11 los homicidios, según Reporteros Sin Fronteras.

Este recrudecimiento de los ataques a la prensa, que este año ha incluido varios ataques a sus sedes hasta con un coche bomba, coincidió con el lanzamiento de un combate militar al narcotráfico por parte del presidente Felipe Calderón a finales de 2006.

En el marco de esa lucha, de la cual Chihuahua y en especial Ciudad Juárez son las zonas más afectadas, se han cometido más de 28.000 asesinatos en México, la mayoría atribuidos oficialmente a ajustes de cuentas entre cárteles de la droga.