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  • EFE

La Procuraduría de Colombia ratificó hoy la sanción a 18 años de inhabilitación que le impuso a la senadora Piedad Córdoba hace un mes por supuesta colaboración con la guerrilla de las FARC.

En un comunicado, la Procuraduría (Ministerio Público) confirmó la destitución e inhabilitación a la senadora del Partido Liberal para ejercer cargos públicos durante 18 años "por colaborar y promover al grupo armado ilegal de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)".

Según la Procuraduría, "tras el estudio de la información recopilada en el proceso y de una serie de hechos notorios y de público conocimiento, se llegó a la conclusión de que Córdoba colaboró y promovió al grupo de las FARC".

Además, señaló que la solicitud de nulidad presentada por la defensa de la senadora, gracias a cuya mediación ante las FARC se logró en los últimos años la liberación de 12 personas, "no es procedente", puesto que se hizo "extemporáneamente".

La investigación de la Procuraduría contra Córdoba se inició a partir de los documentos hallados en los computadores del ex portavoz internacional de las FARC Luis Edgar Devia, alias "Raúl Reyes", muerto en un bombardeo del Ejército colombiano en Ecuador el 1 de marzo de 2008.

Cuando se conoció la sanción, el pasado 27 de septiembre, la legisladora proclamó su inocencia, aseguró que sus contactos y encuentros con miembros de las FARC fueron autorizados por las autoridades y anunció que llevaría la decisión de la Procuraduría ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Además, sostuvo que la determinación de inhabilitarla busca "criminalizar" su labor humanitaria y se comprometió a seguir trabajando por la paz en Colombia. Varios Gobiernos, entre ellos los de Venezuela y Bolivia, y organismos criticaron entonces la decisión de la Procuraduría.

Se comprueba nexo con las FARC
Al ratificar la sanción, el Ministerio Público argumentó hoy que "está comprobado" que Córdoba "emitió consejos al grupo subversivo frente al envío de vídeos de personas retenidas y la entrega de pruebas de vida de los secuestrados a gobiernos extranjeros".

También que "dio información a las FARC sobre diferentes asuntos relacionados con la liberación de los secuestrados (...), colaboró con la defensa de algunos ex jefes y miembros del grupo guerrillero en procesos judiciales seguidos contra ellos y ejerció actos de promoción para favorecer" al grupo insurgente.

Respecto a las labores humanitarias de la política liberal, la Procuraduría señaló que "no alcanzan a justificar los desmedidos actos de colaboración y promoción a favor" de las FARC.

La senadora, que podrá apelar la sanción ante el Consejo de Estado, escribió hace poco en Twitter que va a viajar a Argentina "para acompañar en este difícil momento" a su "amiga" Cristina Fernández, presidenta de ese país y viuda del ex mandatario Néstor Kirchner, fallecido hoy a los 60 años de un ataque cardíaco.