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  • AFP

Al menos tres pandilleros que se encuentran en prisión continúan sembrando el terror en Guatemala, pues, según las investigaciones de las fuerzas de seguridad, ellos planificaron el atentado con bomba a un autobús que se cobró la vida de siete personas.

El que regularmente los líderes de las maras, las mafias que asuelan América Central, hayan podido seguir extorsionando, amenazando y asesinando desde las cárceles, ha sido siempre señalado como prueba del poder de esos grupos surgidos como pandillas juveniles y devenidos multinacionales del crimen.

Por el sangriento atentado del lunes en un autobús el fiscal contra el crimen organizado, Rony López, acusó a Gustavo Pirir y Eulogio Orozco, que estaban en prisión, como autores intelectuales del ataque contra el autobús de la cooperativa Rutas Quetzal, porque el dueño se negó a pagar unos 4.500 dólares de extorsión.

Las pesquisas también han logrado identificar a un tercer recluso, Carlos Rodríguez, como el responsable de dirigir la fabricación de los explosivos, trabajo que realizaría desde la cárcel de máxima seguridad, Fraijanes II.

La joven Doménica Carrera, detenida este martes y acusada de haber colocado la bomba en el vetusto vehículo --un antiguo bus escolar estadounidense-- fue quien aseguró que Pirir, al parecer ligado sentimentalmente a ella, y Orozco ordenaron el atentado.

Sin embargo, la joven, que había salido de prisión poco antes del atentado, asegura que es inocente, sindicó como dinamitera a otra pandillera, a la que identificó por el alias de La Shuca, y reveló que la bomba fue activada por telefonía celular, según las investigaciones.

Pirir hubiese recuperado su libertad
El presidente Álvaro Colom, al comentar la detonación via celular del explosivo, sostuvo que eso demostraba la "alta relación de los pandilleros con el crimen organizado".

Ayer, Pirir, de 29 años, hubiese recuperado la libertad, de no haber mediado la acusación de Carrera, ya que había sido absuelto del delito de robo agravado contra un conductor de taxis, porque la víctima desistió finalmente de testificar.

El arrepentimiento de testigos, bastante habitual en Guatemala cuando los acusados son miembros de las maras, suele ser explicado por los investigadores popr las amenazas que reciben las víctimas si deciden declarar, otra prueba del control que siguen ejerciendo desde la cárcel.

Por el sangriento atentado en el oeste de la capital también fue detenido el transportista y ex secretario de la junta directiva de la cooperativa del autobús dinamitado, Edwin Avendaño, sospechoso de ser el enlace con los pandilleros.

Al parecer Avendaño se habría apropiado de parte del dinero que tenía que ser entregado a los grupos mafiosos, lo que a criterio del fiscal pudo ser el detonante del atentado.

Este jueves continuaban entretanto los operativos en busca de capturar a otros responsables del atentado que conmocionó a la población guatemalteca, que vive en ascuas por una ola de violencia que parece no tener fin.

Esa violencia es la principal causa de preocupación de la población, por encima incluso de la pobreza, que afecta a más de la mitad de los 14 millones de guatemaltecos, según una encuesta conocida hoy pero realizada en diciembre.

De acuerdo con el humanitario Grupo de Apoyo Mutuo, entre enero y noviembre fueron asesinados en Guatemala 119 choferes y 51 ayudantes, así como 101 propietarios o empleados de tiendas que se negaron a pagar las extorsiones.

Según empresarios del transporte público, en 2010 pagaron 1,5 millones de dólares en extorsiones a grupos del crimen organizado a cambio de perdonarle la vida a sus empleados.