•   Tomado de La Prensa de Honduras  |
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“El país estaba sin presupuesto. No se conocía el destino de excesivos gastos y compromisos. La nación estaba inmersa en una crisis financiera y se había perdido por completo la confianza en las políticas económicas. Honduras después de Manuel Zelaya y su gobierno se hallaba en estado de calamidad”.

“A medida que pasaba el tiempo, la situación se ponía peor. El Congreso Nacional no recibía las transferencias que manda la ley, el Tribunal Supremo Electoral, TSE, no tenía los recursos mínimos para empezar el proceso electoral y había atrasos notables en las transferencias a las municipalidades. En resumen, las cuentas no eran claras”.

Lo anterior forma parte de un amplio informe financiero entregado a la Comisión de la Verdad por el gobierno interino de Roberto Micheletti, donde se expone detalle a detalle el panorama económico de Honduras cuando asumió en junio de 2009.

¿Cómo recibimos? ¿Dónde estamos? ¿Adónde vamos? ésas eran tres preguntas que se hacían las autoridades que acompañaban a Micheletti, según el documento.

La Secretaría de Finanzas, a cargo entonces de Gabriela Núñez, explica con detenimiento la situación en que quedó el país luego de la separación del poder del ex presidente Zelaya Rosales.

“Honduras, ya golpeada por la crisis económica mundial, no estaba preparada para la debacle financiera que escondía el gobierno zelayista”, apunta.

Crisis tras crisis
El primer gran paso del gobierno de Micheletti, asegura el informe, fue conocer qué había y de qué disponían. La lista de prioridades las encabezaron la consignación inmediata de recursos para garantizar la merienda escolar en las escuelas, la provisión de medicamentos en los hospitales y centros de salud, la matrícula gratis y los bonos, entre otros asuntos claves.

Según el resumen “sobre la realidad del país al primer semestre de 2009”, Honduras no sólo presentaba una economía debilitada por los efectos de la crisis mundial, sino por las políticas económicas “poco coherentes con la realidad económica del país implementadas por el gobierno de Zelaya”.

El informe establece que las finanzas públicas comenzaron a debilitarse significativamente desde inicios de 2006 a raíz de las decisiones que resultaron “en un marcado deterioro en las finanzas de las empresas públicas por el fuerte incremento de la masa salarial del gobierno y los altos subsidios de energía y combustible. Eso hizo disminuir la capacidad de ahorro del sector público, reduciendo la capacidad para la inversión pública y el gasto de reducción de la pobreza, presionando el déficit fiscal y elevando la deuda pública.

En ese contexto, las finanzas públicas continuaron en picada como consecuencia de la pérdida, en el primer semestre de 2009, de los ingresos tributarios en alrededor de 2 mil millones de lempiras, principalmente por las pérdidas en el impuesto de ventas de cerca de 1 mil millones de lempiras.

El gasto corriente reflejó un preocupante y creciente aumento especialmente en sueldos y salarios, al pasar de 14,381 millones de lempiras a 17 mil 080 millones, comparando los primeros seis meses de los años 2008 y 2009.

Durante el primer semestre de 2009, el gobierno de Zelaya ejecutó gastos por 32 mil millones de lempiras, de los cuales casi el 50 por ciento fueron sin imputación presupuestaria, asegura el informe.

Instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Casa Presidencial consumieron su presupuesto anual en seis meses, dejando compromisos sin disponibilidad presupuestaria para el funcionamiento en el resto de ese año, dice.

Más descalabro
Si lo anterior es escandoloso por su gravedad, más lo era el manejo desmedido de la deuda pública interna que creció aceleradamente al pasar de un saldo de  6 mil millones lempiras en diciembre de 2007 a 12 mil millones a diciembre de 2008 y luego un salto más a 16 mil millones en abril de 2009.

El resumen financiero que condensó Finanzas también señaló el registro del vencimiento de bonos de presupuesto 2006 y 2008 por un monto de 3 mil 680 millones de lempiras. Tenían que encarar obligaciones de corto plazo con el Banco Central de Honduras por 3 mil 768 millones de lempiras. La salida obligada fue convertir esa deuda de corto plazo a largo plazo.

Por si fuera poco, se suma el incumplimiento con el programa económico con el Fondo Monerario Internacional, FMI, aprobado a inicios de 2008. Por sólo este hecho, el gobierno de Zelaya dejó de percibir desembolsos externos por 120 millones de dólares de diferentes acreedores y cooperantes. La pausa de esos desembolsos internacionales comenzó en 2008.

Presión al manejo fiscal
A la ya delicada realidad de las finanzas se agregan más componentes. El informe no escondió la preocupación por el manejo de la Tesorería General de la República donde, aseguran, se encontraron obligaciones por pagar del gobierno de Zelaya superiores a los 3,500 millones lempiras, como las siguientes: transferencias a alcaldías por montos cercanos a 300 millones lempiras; deudas con diversos proveedores en casi todas las instituciones públicas; deudas con empresas de la construcción del Fondo Vial y proyectos de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda por más de 500 millones de lempiras; atrasos en el pago de prestaciones a enfermeras y médicos desde 2006 por 145 millones de lempiras; atrasos en transferencias a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, desde mayo, por 500 millones lempiras.

Además se encontraron obligaciones atrasadas de 2006 a 2008 de fondos de la Estrategia de Reducción de la Pobreza por cerca de 700 millones de lempiras, así como subsidios del transporte urbano atrasados desde abril por 45 millones lempiras.

Posteriormente se hallaron deudas adicionales sin presupuesto en medicamentos, materiales médico quirúrgicos, publicidad, ajustes por salario mínimo en contratos de vigilancia, limpieza, deudas con empresas de la construcción en Fondo Vial, Soptravi y Fondo Hondureño de Inversión Social.

El resumen señala que “al no contar con un presupuesto aprobado, el gobierno de Zelaya efectuó retiros de la Tesorería General de la República sin imputación presupuestaria por montos superiores a 5,500 millones lempiras, permitiéndose una libertad en el uso y destino de los fondos.

Esto no incluye gastos de salarios sin imputación salarial, que llevarían el monto a más de 15 mil millones. Aunado a eso se hicieron retiros millonarios en efectivo en las cuentas que el gobierno mantiene en el Banco Central de Honduras, como lo ha comprobado el Ministerio Público.

Pusieron orden
La principal responsabilidad que se planteó el gobierno de Micheletti fue ordenar la política macroeconómica y preparar el camino a una transición económica ordenada para heredarla a la siguiente administración recibida por Porfirio Lobo Sosa. Como primer paso procedieron al ordenamiento y la legalización de los recursos del Gobierno mediante la aprobación del Presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2009.

La Secretaría de Finanzas, siguiendo lo prescrito por la Constitución de la República y las leyes pertinentes, presentó ante el Congreso Nacional dicho proyecto, discutido por la comisión correspondiente y aprobado por el pleno del Legislativo el 21 de julio de 2009, menos de un mes después de ocurrida la transición. Una vez sancionado el Presupuesto General por el ex presidente Roberto Micheletti el 25 de julio de 2009, se procedió a publicarlo en el diario oficial La Gaceta en el número 31 mil 972 de fecha 27 de julio de 2009.

“El presupuesto 2009 corrigió la situación anómala incurrida durante diez meses precedentes al no disponer de un instrumento básico para una administración pública sana, como manda la Constitución. Apunta a recuperar la disciplina fiscal y dar prioridad a la inversión pública y gasto social”, señala el informe.

Medidas en marcha
La ejecución del nuevo presupuesto se sujetó a una serie de medidas, entre las cuales se destacan que no habría transferencias de recursos entre instituciones del sector público, que no habría retiros en efectivo más allá de 200 mil lempiras por cada cuenta y por mes. Que toda cuenta debería tener dos firmas autorizadas previamente registradas en el Banco Central. Se restringió hacer cambios de cheques de la Tesorería de la República en efectivo por montos superiores a 180 mil lempiras. Además se estableció la contratación de una firma internacional auditora de reconocida reputación para que emitiera una opinión sobre la situación del cierre fiscal de 2008 y la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2009.

Las medidas contemplaron el desplazamiento de preinventores del gasto de la Secretaría de Finanzas, Soptravi, Fondo Vial, Salud, Educación, Tribunal Supremo Electoral y Registro Nacional de las Personas. Se ordenaron auditorías sobre el Fondo de Reducción de la Pobreza y se les exigieron informes al TSE y al RNP.

La Secretaría de Finanzas prohibió la ejecución de gastos sin imputación presupuestaria y la realización de cualquier tipo de transacción sin la debida imputación presupuestaria y documentación de soporte requerida.

Repercusiones
En el documento, Finanzas explica a la Comisión qué significan los gastos sin imputación presupuestaria. “Son valores que desembolsa la Tesorería General de la República sin previa afectación del Presupuesto de la República, dado que cuando se autorizan sólo se registran en la contabilidad patrimonial del Estado como cuentas por cobrar.

Estos gastos constituyen operaciones contempladas en el Sistema de Administración Financiera Integrada, Siafi, para atender situaciones de excepción; algunas no se regularizan porque no pueden ser previstas al formular el presupuesto. Ejemplo: devolución de impuestos o garantías recibidas. Otros se regularizan hasta el momento en que se conoce el destino y el objeto específico del gasto a afectar en el Presupuesto, como anticipos para contratistas, fondos rotatorios, etc.

Por ser un mecanismo excepcional en condiciones normales, el valor sujeto a regularización no debería ser alto, pero, al no haber existido presupuesto aprobado, se generalizó su uso, encontrando al 30 de junio de 2009 un valor pendiente de regularizar de 8,496.5 millones de lempiras.

No regularizar impide contar con información oportuna y confiable para tomar decisiones, ya que las finanzas estatales pueden ser afectadas por el doble uso de los recursos, pues el Presupuesto no refleja la ejecución real porque esos gastos no están imputados a ninguna asignación presupuestaria”.