•   Tomada de La Prensa de Honduras  |
  •  |
  •  |

La discusión sobre resoluciones dictadas por el juez Claudio Aguilar retrasan el comienzo del proceso judicial contra Manuel Zelaya, en el que la Fiscalía contra la Corrupción se declara lista para aportar las pruebas contra el imputado.

Por su incompetencia en conocer los dos procesos contra Zelaya, la Procuraduría General de la República, PGR, apeló resoluciones que dictó Aguilar desde el 14 de diciembre, como aceptar el personamiento de la representante legal del Estado y el nombramiento de defensores públicos.

En la Fiscalía contra la Corrupción valoran que la PGR sólo usó un derecho de apelar, consignado en el Código Procesal Penal. En lo que respecta al Ministerio Público, MP, decidió no apelar la resolución del juez Aguilar, pues lo que les interesa es iniciar los procesos por los jueces que nombre la Corte Suprema.

“Lo más importante para el Ministerio Público, en este caso para la Fiscalía especial contra la Corrupción, es que la situación de fondo contenida en este expediente se resuelva lo más pronto posible”, expresó Melvin Duarte, portavoz del MP.

“Es decir, no es tanto el interés del MP en que (los juicios) sean conocidos por uno u otro tribunal, sino que en definitiva o con la prontitud del caso haya una resolución del fondo de estos expedientes que han sido conocidos”, añadió. La falta de voluntad del ex mandatario de responder a las dos acusaciones por actos de corrupción impide conocer la verdad. La Fiscalía espera que Zelaya se presente a los tribunales para empezar formalmente los dos procesos judiciales incoados en su contra.

Posición de la PGR
La PGR está de acuerdo con que la Corte Suprema nombre a un juez natural para juzgar a Zelaya. Su inconformidad radica en que si el juez Claudio Aguilar no es competente, debió anular las resoluciones que dictó, desde aceptar el personamiento de la PGR y el nombramiento de defensores públicos.

“Al señor juez, con sumo respeto, pedimos: admitir el presente escrito, darle el trámite que procede conforme a derecho, para que la Corte de Apelaciones resuelva a su vez declarar con lugar el presente recurso de apelación, reformar el auto de fecha 7 de enero de 2011 dictado por el juez de Letras Penal en el único sentido de que también se anulen las actuaciones realizadas por este juzgado desde el auto en el que se tiene por personada la PGR, el nombramiento de defensores públicos, el escrito de solicitud de nulidad presentado por ellos y demás actuaciones posteriores a la juramentación del imputado como diputado del Parlacen”.