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Honduras sufre una acumulación de conflictos y polarización social, lamentaron los obispos de la Conferencia Episcopal católica, destacando que se ha "avanzado, aunque lentamente, hacia una reconciliación" tras el golpe de Estado de 2009.

En una carta pastoral publicada este sábado, los obispos, encabezados por el cardenal Oscar Rodríguez, comparten "algunas preocupaciones (...) ante la acumulación de conflictos de toda clase que vivimos en la actualidad".

Señalan "la politización, corrupción a todos los niveles, violencia doméstica y la que es consecuencia del crimen organizado y en especial el narcotráfico, delincuencia común, la exclusión, falta de justicia, la migración y la polarización de la sociedad, que dificulta la gobernabilidad". Sin embargo, los religiosos reconocen que "no dejamos de ver con optimismo el que en Honduras se haya avanzado, aunque lentamente, hacia una reconciliación".

Polarización social
La polarización social afecta a Honduras, a pesar de los esfuerzos del gobierno del presidente Porfirio Lobo por lograr la reconciliación, tras el golpe de Estado perpetrado el 28 de junio del 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya.

El mandatario fue derrocado por fuerzas políticas del gobierno y la oposición, así como los empresarios, las iglesias y otros sectores que lo acusaron de traición a la patria por involucrarse en una relación con los promotores del "Socialismo del Siglo XXI", Venezuela y Cuba.

También los religiosos señalaron entre los conflictos los problemas en educación por paros frecuentes de maestros por demandas salariales, así como "los problemas de la tenencia de la tierra que ya han provocado la muerte de campesinos y el desempleo", que "están paralizando nuestra sociedad y nos impiden avanzar por el camino de una democracia participativa y representativa".

Lamentan "el dolor de tantas víctimas de la violencia que, además, no encuentran el consuelo de que se haga justicia" y "el aumento de la drogadicción que consume tantas vidas".

Honduras se ubica entre los países con más alto índice de homicidios del mundo, con alrededor de 70 por cada 100.000 habitantes, en una población de 7,8 millones de habitantes.

A la vez, denunciaron "la realidad de la pobreza que aflige a la mayoría de la población" y "el apetito voraz de los que quieren enriquecerse a costa de provocar la destrucción de los recursos naturales" al haberle aprobado el gobierno contratos de explotación de fuentes de agua para generar electricidad.