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  • AFP

Cientos de policías desalojaron violentamente, lanzando bombas de gases lacrimógenos, a miles de educadores que bloquearon bulevares y calles en Honduras este jueves, lo que generó un caos vial en la capital, constataron periodistas.

En la capital, Tegucigalpa, los policías desalojaron a unos 4.000 docentes y miembros de organizaciones populares que bloqueaban los bulevares Centroamérica y Fuerzas Armadas y que huyeron hacia barrios vecinos en medio del humo de los gases.

Acciones similares ocurrieron en Danlí, 110 km al este de la capital, donde fueron detenidos siete educadores; en Comayagua, centro, y otras zonas del país, denunciaron representantes de docentes a radios locales.

Miles de educadores se manifestaron en rechazo a la municipalización de la educación y exigieron el despido de personal excedentario de su instituto de pensiones, lo que generó un caos vial en la capital. "No vamos a cesar la lucha en defensa de la educación pública, del Inprema y el Estatuto del Docente", declaró el presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), Jaime Rodríguez.

Paros desde febrero
La Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), integrada por cinco sindicatos que agrupan unos 60.000 maestros, incluyendo unos 16.000 del Copemh, realiza desde febrero paros contra la aprobación de una ley que transfiere el control de la educación a las municipalidades.

Los dirigentes de la FOMH convocaron a grandes movilizaciones a nivel nacional este jueves, con el apoyo del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).

La convocatoria se extendió a transportistas, que protestan contra los aumentos de los combustibles; pero sus dirigentes fueron llamados a negociar por el gobierno de Porfirio Lobo y desistieron de participar.

Los educadores, que imparten lecciones a más de dos millones de alumnos, se oponen a un proyecto de ley que transfiere a los 298 municipios de los 18 departamentos del país, el control de la educación reservada en este momento al ministerio del ramo.

Los gremios magisteriales exigen también la destitución de personal excedentario en su organismo de pensiones (Inprema) y rechazan el control que el gobierno pretende asumir de esa institución así como el respeto al Estatuto del Docente, que establece aumentos de salarios anuales para sus agremiados.

El Inprema, alegan los docentes, está en bancarrota por el excesivo personal que tiene, supuestamente recomendados del gobierno y anteriores dirigentes magisteriales.

Los educadores también rechazan un decreto gubernamental, que vulnera el Estatuto del Docente, el cual quita al Estado la obligación de concretar los aumentos de sus salarios.