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Cuando el 29 de diciembre de 1996 Guatemala firmó la paz, la sociedad anhelaba que la sangre dejase de teñir cada calle de sus pueblos. Dos décadas después, ya no matan los mismos, pero semana a semana el país sigue desangrándose.

Con 15 asesinatos diarios, uno de los registros más altos del mundo, el Gobierno repite que las cifras están bajando: cuando el ejecutivo de Jimmy Morales accedió al poder en enero, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes era de 29.5 y la previsión es que acabe el año con 27.

De hecho, el pasado noviembre fue el menos violento de los últimos 10 años en Guatemala: hubo 305 homicidios, un 20 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior, cuando se cometieron 381 asesinatos.

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Aunque la cifra de noviembre pasado supone una importante rebaja frente a los 582 que llegaron a registrarse en el mismo mes de 2008, la violencia estructural sigue sumiendo al país centroamericano en el drama diario: los conductores de transporte público son asesinados por negarse a pagar las extorsiones.

El pasado julio, el asesinato de un chofer que se negó a seguir pagando los 100 quetzales (13 dólares) semanales que le exigían los delincuentes conmocionó al país.

"Quiero dejarte claro: no voy a darte un centavo más (...) Sabes a cuántas mujeres has dejado viudas y cuántos niños condenados al abandono, el hambre, la desnutrición, el abrigo y la muerte?", dejó escrito el propio piloto.

VIVIENDO BAJO TERROR

Tras la firma de los acuerdos de paz, las estructuras delictivas, vinculadas al narcotráfico y a las pandillas tomaron el control de un país donde la institucionalidad se reduce a la ciudad capital: lejos de los barrios más adinerados, la única ley es la ley de la calle.

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Una realidad que ha acabado por modificar la propia geografía urbanística de las ciudades, plagadas hoy de condominios protegidos por guardias armados. Aterrorizados por la violencia, que afecta especialmente a las mujeres, y la falta de oportunidades, son muchos los jóvenes que han emigrado del país en los últimos años.

Según una encuesta publicada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el 2012, en Guatemala, el 0.6 por ciento de los migrantes decidió salir del país por la violencia generalizada o porque su integridad personal estaba en riesgo por extorsiones.

"Las causas que originaron el conflicto siguen latentes", alertaba a Acan-Efe hace justo un año el director del guatemalteco Centro Internacional de Investigaciones de Derechos Humanos (CIIDH), Jorge Santos.

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La extrema pobreza, el cierre de los espacios políticos y la constante militarización de la sociedad son argumentos que aún hoy siguen vigentes.