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Quince pandilleros entraron a una casa en que velaban los restos de un cobrador de autobús, dispararon en ráfaga y mataron a cinco personas e hirieron a cuatro, en un reciente episodio de una guerra que tiene contra la pared a los transportistas en Honduras.

Narcotraficantes, extorsionadores y sicarios han convertido el transporte público en una actividad de alto riesgo para empresarios y trabajadores.

"Ahora (si nos negamos a pagar las extorsiones) los pandilleros nos amenazan con incendiar los buses con todo y pasajeros", dijo a la AFP el presidente del gremio de los transportistas, Jorge Lanza.

Los extorsionadores "son insaciables, cada vez piden más dinero, por arriba de nuestras capacidades", lamentó el empresario.

Las víctimas

Las extorsiones alcanzan mayormente a los dueños de las unidades del transporte público, los vehículos abastecedores de tiendas y los pequeños negocios, pero el problema empieza a afectar también a las grandes empresas.

Lanza paga al mes el equivalente a 12,500 dólares en sobornos para poder operar 25 buses de 30 pasajeros cada uno.

En lo que va del año, han muerto 14 personas en ataques al transporte público de la capital y durante todo 2016 la cifra fue de 215, según el gremio.

Alexander Maldonado (24), un estudiante de arquitectura, viajaba en autobús de vuelta a su casa en la colonia Lomas del Norte, tras asistir a clases en la Universidad Nacional.

Dos asaltantes abordaron la unidad y ordenaron a todos los pasajeros que agacharan la cabeza pero Alexander no obedeció. Uno de ellos le disparó en el mentón.

Lanza anunció que en unos dos meses estará funcionando una administración única para el servicio de 1,500 buses en Tegucigalpa, que intentará invisibilizar a los propietarios ante los pandilleros.

Los pasajeros utilizarán tarjetas prepago para eliminar a los cobradores y las unidades tendrán botones de pánico conectados con una central de la Policía donde habrá patrullas de despliegue rápido.

Tipificar como terrorismo

Desde que asumió en enero del 2014, el presidente Juan Orlando Hernández desplegó a los militares en apoyo de la policía para combatir a los narcotraficantes y los pandilleros que, a su juicio, causan siete de cada diez muertes violentas que se registran en el país.

El mandatario asegura que "Honduras ya no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto país más violento del mundo".

El presidente ha mandado al Congreso un paquete de leyes para tipificar como delitos de 'terrorismo' los incendios de buses, pero también las quemas en manifestaciones públicas, una iniciativa que es rechazada por las organizaciones sociales y algunos partidos de oposición.