•   San Salvador, El Salvador  |
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  • EFE

Una comisión del Congreso salvadoreño escucha hoy en un conversatorio las diversas posturas de organizaciones sociales sobre una propuesta del oficialismo de despenalizar el aborto en los casos en que exista violación, riesgo de muerte de la madre o inviabilidad fetal.

De acuerdo con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, el Congreso “ha dado un paso importante” al “escuchar a diferentes sectores de la sociedad que han manifestado su interés en proveer (...) el análisis y la discusión informada y apegada a la realidad de las mujeres y niñas del país”.

En octubre de 2016, el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) propuso al Congreso modificar el artículo 133 del Código Penal salvadoreño que establece penas de entre 2 y 8 años de cárcel a quien provoque, consienta o practique un aborto en cualquier condición.

La reforma propone añadir el numeral 133-A que haga la salvedad de que “no es punible” el aborto realizado “con el propósito de salvar la vida de una mujer”, cuando el embarazo sea producto de una violación o estupro o sea “inviable la vida extrauterina”.

El FMLN ha apoyado históricamente a las organizaciones sociales que buscan la despenalización del aborto terapéutico y en casos de violación, sin embargo, es la primera vez que toma medidas en el Congreso, a pesar de haber tenido diputados por más de 20 años.

A mediado de julio de 2016, la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) solicitó al mismo órgano de Estado ampliar hasta los 50 años las penas para el aborto, similar a la del homicidio agravado, iniciativa ampliamente critica por organismo como Amnistía Internacional (AI).

El Salvador, Chile, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta son los únicos países del mundo que mantiene una prohibición legal absoluta del aborto.