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Amnistía Internacional (AI) denunció ayer una "vergonzosa" investigación y "lagunas judiciales" en torno al asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, lo que da un mensaje "aterrador" a cientos de activistas.

"La vergonzosa ausencia de una investigación efectiva para hallar a quienes ordenaron el brutal homicidio de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres envía un aterrador mensaje a los cientos de personas que se atreven a manifestarse contra los poderosos", detalló AI en un boletín.

Con motivo al primer aniversario de la muerte de la activista, el 3 de marzo de 2016, la directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas, dijo: "el trágico asesinato de Berta demuestra el deplorable estado de los derechos humanos en Honduras".

"El mensaje es claro: si tu labor de derechos humanos molesta a los que tienen el poder, te matarán", apuntó.   

Para la directora, la investigación del homicidio es "vergonzosamente deficiente", porque no se conoce todavía quiénes ordenaron su muerte, y tampoco se creó un "mecanismo eficaz para proteger a testigos y otros defensores y defensoras".

Ello "muestra la falta de interés de las autoridades de Honduras en que se haga justicia", dijo Guevara-Rosas, y añadió que si no se protegen los activistas medioambientales hondureños tampoco se están defendiendo los recursos naturales "de los que todo el mundo depende para subsistir".

Berta Cáceres, líder y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), murió a tiros el 3 de marzo de 2016 en la localidad de La Esperanza, provincia de Intibucá, en el oeste de Honduras.

Desde su brutal asesinato, varios activistas medioambientales y de derechos humanos hondureños, algunos también del Copinh, han sido hostigados y amenazados, subrayó AI.

A inicios de febrero, el hondureño Óscar Aroldo Torres Velásquez, supuestamente implicado en el asesinato de Cáceres, fue enviado a prisión por orden de un juzgado de Tegucigalpa, siendo el octavo detenido en relación al caso.